Recepción del fenómeno peronista desde el anarquismo argentino: la FACA y su posicionamiento político-ideológico en torno a la “cuestión agraria” y el “problema campesino” durante los dos primeros gobiernos peronistas (Argentina, 1946-1955)
Por Alejandra Gómez*
Introducción
El presente artículo encuentra su punto de partida en la inquietud generada en torno del posicionamiento político-ideológico asumido por el movimiento anarquista durante los dos primeros gobiernos peronistas que tuvieron lugar en la Argentina desde mediados de los años ´40 hasta mediados de la siguiente década del siglo XX. Teniendo en cuenta entonces el posicionamiento doctrinario por el que se distinguió tradicionalmente dicha tendencia en remisión al Estado y el capitalismo, pretendemos reconstruir el curso que asumió el proceso de recepción del fenómeno peronista efectuado desde parte de las filas libertarias locales en vista, principalmente, de la reconfiguración del papel del Estado acaecida en lo referente a su vinculación con el poder económico y la clase trabajadora durante el período considerado.
Ahora bien, es menester señalar que dicho interrogante se enfrenta con el desafío que patentiza la práctica ausencia de estudios dedicados al activismo anarquista a partir de la década del ´30. En gran medida, esta laguna obedece al mayor atractivo con el que se ha consagrado, dentro de la historiografía argentina, la primera década del siglo XX –en calidad de la denominada época de esplendor del anarquismo argentino– frente al posterior declive de su predominio dentro del movimiento obrero y los sectores populares.[1] No por ello puede soslayarse que es, precisamente, a partir de esta década que comienza a perfilarse la conformación de un anarquismo de “nuevo cuño”[2] frente al progresivo debilitamiento de la FORA quintista. Tal como lo estipula Juan Suriano, si bien el anarquismo local comienza su inexorable declive en el movimiento obrero argentino a partir de la década del ´20 –terminando de decantar con el golpe del ´30–, no por ello declive significará extinción: “Si bien la ‘bestia’ no había muerto, es indudable que el anarquismo no podría subsanar las heridas recibidas y no recuperaría jamás el rol protagónico durante esa fugaz y tumultuosa primera década del siglo”.[3] O bien se podría puntualizar, junto con Agustín Nieto, que “al igual que socialistas y comunistas, los anarquistas estaban desarrollando fructíferas experiencias en el mundo del trabajo durante la década del 30 y 40, pero, también al igual que socialistas y comunistas, vieron parcialmente eclipsadas sus trayectorias por la sustanciación del peronismo”.[4] Experiencias tales como la que implicó la Alianza Obrera Spartacus[5] –en lo concerniente a las contadas apropiaciones del marxismo que habrían de efectuarse desde filas ácratas locales– y la creación de la Federación Anarco-Comunista Argentina (FACA) en 1935 coincidió con la apertura de un nuevo período en la historia del anarquismo argentino. En contraposición a la identificación imperante dentro de la historiografía local respecto de la supuesta correspondencia habida entre esta corriente ideológica y la organización por oficio, la FACA revistió un carácter novedoso al reconocer la necesidad de abandonar aquella organización tradicionalmente mantenida por la FORA quintista en pos de la adopción de una organización regida por ramas de la industria más acorde con la creciente estratificación y diversificación acaecida en la fuerza de trabajo argentina.[6]
La conformación de esta organización libertaria en 1935 tuvo por objeto reunificar y coordinar el movimiento anarquista local dentro del marco de un panorama caracterizado por una dispersión agudizada por las discordias internas que eclosionaron durante la década previa y la merma sufrida dentro de las filas ácratas tras la dura represión propinada por el régimen uriburista. Como resultado de esta última, más de un centenar de militantes libertarios fueron encarcelados en la Cárcel de Villa Devoto, convergiendo en el denominado “pequeño congreso” que se celebró en el cuadrado 3º bis en septiembre de 1931 a fin de emprender la reorganización del movimiento libertario local. A la celebración del II Congreso Regional de Relaciones Anarquistas (CRRA) al año siguiente en Rosario le sucedió el Congreso Constituyente que tuvo lugar en octubre de 1935 en La Plata y, del cual, fue deudora la conformación de la FACA. Hay que tener presente que, dentro del marco de la celebración del Cuarto Congreso Ordinario de la FACA en febrero de 1955, ésta cambió su denominación por la de Federación Libertaria Argentina (FLA) con el objetivo de evitar que, con la designación anarco-comunista, se diera lugar a equívocas asociaciones con el Partido Comunista. Entre los integrantes de la conducción de esta organización libertaria se encontró buena parte de ex integrantes y simpatizantes de la agrupación Ideas y, posteriormente, el Centro de Estudios Sociales (La Plata, 1918-1930), tales como Jacobo Prince, Jacobo Maguid, Rafael Grinfeld y Enrique Germán Balbuena, así como militantes provenientes del campo gremial, tales como Luis Danussi, Laureano Riera Díaz, Juan Corral y José Grunfeld. Dichas figuras integraron parte de una generación de militantes que nació mayoritariamente en la Argentina durante la primera década del siglo XX y que comenzó su actividad política hacia la década del ´20 dentro del marco de las campañas por la liberación de Sacco y Vanzetti y Simón Radowitzky y, a partir de la década del ´30, participando activamente en la campaña por la liberación de los presos de Bragado.[7]
La publicación de su órgano de difusión mensual, Acción Libertaria, se remonta a septiembre de 1933 y vio finalizada su tirada hacia 1971, reanudándose su publicación bajo la denominación de El Libertario desde 1986. Mientras que Prince asumió la labor de editorialista –aportando en reiteradas ocasiones su colaboración como redactor–, Maguid, Grunfeld y Palazzo contribuyeron en calidad de redactores, llegando a contar también con la colaboración de Fernando Quesada y Diego Abad de Santillán. A su vez, durante la “fase preparatoria del gobierno peronista”[8], la FACA publicó, en materia sindical, el periódico Solidaridad Obrera, a cargo de Riera Díaz desde su comienzo en 1941 hasta que su publicación se vio interrumpida por el golpe del ´43. Además de estas publicaciones, la FACA lanzó durante el período que estamos considerando el periódico cultural Reconstruir, el cual se encontró a cargo de Danussi desde 1945 hasta 1959, para pasar a constituirse con posterioridad en una revista publicada bajo la misma denominación.
Además de la profusa actividad propagandística difundida a través de periódicos, revistas, folletos[9] y libros[10], conferencias y veladas de camaradería, la FACA participó intensamente en la campaña por la liberación de los presos de Bragado hasta que se vio concretada su liberación en 1942, tras once años de prisión. Asimismo, dicha organización bregó activamente en solidaridad con la gesta de la Guerra Civil Española, enviando un contingente de militantes hacia tierras ibéricas: así, cuando buena parte de la conducción de la FACA viajó a España a partir de 1936, Balbuena quedó al frente de la organización libertaria. Entre los militantes de ésta que se desplazaron hacia España se encontraron Prince, Maguid, Grunfeld y su compañera Ana Piacenza, Riera Díaz y Antonio Casanova, entre otros. Mientras tanto Danussi y Quesada encabezaron desde la Argentina la publicación de una serie de folletos intitulados Servicio de Propaganda España, así como Juan Pereyra dirigió la publicación de la FACA Documentos Históricos de España entre 1937 y 1939, a través de la cual difundió artículos y notas de periódicos españoles anarquistas de la época. En cuanto a la persecución política sufrida por dicha organización durante el período considerado, hay que tener presente que Danussi fue detenido y encarcelado en 1947 hasta el año siguiente por desacato a la figura de Perón mientras distribuía el folleto de la FACA Un año de peronismo –de autoría de Prince–.[11]
En concordancia con la reorientación emprendida en el plano de la organización sindical, la FACA llegó a mediados de la década del ´40, contando con la adhesión de ciertos sindicatos autónomos y agrupaciones propagandísticas.[12] Con respecto a los militantes con actividad sindical adheridos a la FACA, Grunfeld se incorporó al Comité de Recuperación Sindical en el ´46 a fin de reconquistar los gremios ganados por el peronismo, mientras que Danussi representó a la Federación Gráfica Bonaerense en la Conferencia Nacional de Sindicatos Libres reunida para nuclear al movimiento obrero no peronista en diciembre del ´45. En cuanto a la colaboración prestada a las autoridades militares de la Revolución Libertadora en materia de intervención de sindicatos peronistas, Danussi cooperó activamente con el capitán de ejército Battaglia en la intervención de la Federación Gráfica Argentina, además de entrevistarse con Aramburu en junio de 1957. Otro tanto ocurrió con Grunfeld en la medida en que ofició como secretario de prensa del Comité de Recuperación Sindical tras la caída del régimen peronista[13].
Consideraciones teórico-metodológicas
Tras haber realizado estas breves especificaciones concernientes a la relación entre la tendencia anarco-sindicalista nucleada en torno a la FACA y el resto del movimiento obrero en vísperas de la emergencia del fenómeno peronista, cabe señalar que, en el presente artículo, nos proponemos ensayar una aproximación al proceso de recepción del peronismo efectuado desde el anarquismo local durante el transcurso de sus dos primeros gobiernos, proporcionando para ello una reconstrucción del perfil discursivo de la FACA frente a la cuestión del agro. La opción de priorizar este enfoque obedece a la importancia doblemente estratégica que tuvo el modelo agroexportador para el desarrollo económico en su persistencia como patrón predominante para la acumulación, el abastecimiento interno y la determinación de los salarios a nivel rural y urbano. Tal centralidad se patentizó para el propio peronismo en la medida en que debió enfrentarse a las exigencias planteadas en relación al desarrollo del modelo ISI. En este sentido, se buscará examinar el posicionamiento discursivo asumido por la FACA frente al tratamiento dispensado por el régimen peronista a la cuestión del agro, así como también la ponderación que esta organización libertaria le confirió al rol de la actividad agropecuaria en el marco del desarrollo económico del país.
A fin de guiar el recorrido interpretativo del órgano de difusión de la FACA que constituye la publicación mensual Acción Libertaria junto con aquellos folletos correspondientes a los congresos celebrados durante el período contemplado entre 1943 y 1955, recapitularemos ante la distinción que introduce Guillermo Flichmann en remisión a las categorías relativas al “problema campesino” y la “cuestión agraria”.[14] En relación al primero de estos términos optaremos por circunscribir aquellas remisiones discursivas puestas en juego al momento de caracterizar el campo de la conflictividad social en el marco del mundo rural, mientras que, con el segundo, se buscará identificar aquellos diagnósticos, críticas y comentarios efectuados en referencia a las políticas económicas implementadas por el régimen peronista y sus repercusiones para el modelo agroexportador. Ya que la disposición de dicha distinción tendrá por objeto identificar remisiones discursivas que suelen encontrarse mutuamente imbricadas –en nuestro caso, la convergencia entre la referencialidad a sectores sociales y actores sociopolíticos dentro del marco del mundo rural y la ponderación de las políticas agrarias en relación con la coyuntura política y económica del país en la que se inscriben los sectores y actores en cuestión–, resultará pertinente, a su vez, considerar tales remisiones a la luz de aquellas otras trazadas en relación con caracterizaciones más globales del campo de la conflictividad social –por ejemplo, el reenvío discursivo delineado entre la configuración autorreferencial de las figuras de la “clase explotada”/“oprimidos” frente a la remisión heterorreferencial de la “clase explotadora”/“opresores”–.
A propósito de la cuestión que nos convoca, se puede vislumbrar que el margen exploratorio se amplía notoriamente en la medida en que las nociones operativas de “impacto” e “influencia” son reemplazadas por la de “procesos de producción, difusión y recepción”: mientras que los primeros de estos términos inspiran una labor de investigación historiográfica orientada a identificar posibles efectos como si lo que, en verdad, se tratase de dilucidar fuera una relación causal subyacente; los segundos, por el contrario, invitan a considerar que la recepción y la producción de ideas, así como las lecturas elaboradas respecto a fenómenos y acontecimientos adoptados en tanto referentes de la labor interpretativa puesta entonces en juego, constituyen “procesos de producción cultural”. La importancia de postular este último término responde al reconocimiento del carácter selectivo y recreativo que reviste la operatividad de las lecturas involucradas. Así, en vez de tratarse de una traslación mecánica de ideas del contexto de su emergencia al de su recepción como si se tratase de su mera reproducción, la configuración y reconfiguración de una ideología –en nuestro caso, el posicionamiento político-ideológico asumido por la FACA con respecto a la cuestión del agro durante los dos primeros gobiernos peronistas– constituye, por el contrario, la producción de una versión y no una copia vernácula de su referente –en nuestro caso, la doctrina anarquista–, ya que los intereses movilizados por los agentes participantes se encuentran histórica y regionalmente contextualizados.
En este sentido, dicha investigación aspira a circunscribirse dentro de la disciplina de la “historia intelectual”[15] en la medida en que se reconoce, en primer lugar, que el “proceso de producción” de ideas estudiado “excede siempre la mera teoría, va más allá del plano de las ideas, para proyectarse sobre las prácticas sociales”.[16] En este sentido, la problemática que nos hemos propuesto desentrañar exige una serie de precisiones teórico-metodológicas. En primer lugar asumimos que, ya que en última instancia lo que se halla en cuestión a través del “proceso de producción” de ideas –asociadas a las consideraciones esgrimidas por la FACA en lo que nos concierne en el presente artículo– involucra una labor de definición de un perfil identitario común, resulta imprescindible tener en cuenta que la proyección por parte de la FACA de una postura contraria a la alternativa de asociar ideológicamente aquel perfil con el fenómeno peronista se desprende de la operatividad de determinados “procesos de recepción”, cuyo carácter constructivo se patentiza en la medida en que el fenómeno recepcionado se vea mediatizado por una serie de discursos externos al campo político-sindical desde el que entonces es recepcionado –externos porque provienen de otros campos tales como la prensa local no sindical o bien la prensa anarquista internacional–. La externalidad de tales discursos constituye el primer factor que incidirá en lo que Silvia Sigal y Eliseo Verón reconocen en términos del carácter no lineal y, por lo tanto, indeterminado, de la circulación del sentido[17]: en vez de traducirse mecánicamente en una configuración de efectos dada, aquellos discursos mediatizadores serán ponderados y evaluados a la luz del emplazamiento semántico emergente de los distintos usos que, a su vez, se hagan de la doctrina libertaria. En este sentido, la opción teórico-metodológica de rastrear e imputar lecturas correctas e incorrectas se torna obsoleta ante el cercioramiento de la “lógica del malentendido estructural” que anima indefectiblemente a los “procesos de recepción”.[18]
Por otra parte, resulta de vital importancia tener presente que es la propia doctrina libertaria la que se reactualiza selectivamente en la medida en que sus diversos usos se inscriben bajo la órbita de los “procesos de producción” de ideas. Así observaremos cómo el ideario libertario movilizado es pasible tanto de flexibilizarse como de restringirse en relación al posicionamiento político-ideológico asumido por el grupo editor de Acción Libertaria, el cual demostrará una notoria destreza argumentativa en lo concerniente a su postura antifascista al momento de caracterizar, por un lado, al régimen peronista y, por el otro, a la Revolución Libertadora.
La FACA y su recepción de la “fase preparatoria del gobierno peronista”: la caracterización de la noción de “pueblo” y sus oscilaciones
De la mano de la inusitada gravitación que adquirió el fenómeno de la militarización de la política a partir del derrocamiento de Yrigoyen en 1930, el golpe militar de junio de 1943 constituyó para la FACA un referente más de lo que habría de bautizar en términos del accionar correspondiente a los “gobiernos providenciales”. Dicha caracterización se afinca en una consideración que tiende a polarizar la modalidad en la que se venía disponiendo la relación entre la sociedad civil y la composición militar de los gobiernos. El plano de la política es entonces dicotomizado por esta organización libertaria en remisión a la “condición inerme del pueblo” y el “poder omnímodo de la casta militar”[19], entendiendo que la omnipotencia adjudicada a esta última habría resultado deudora de una alianza forjada con las autodenominadas “fuerzas vivas” del país, es decir, “los ganaderos, los terratenientes, los grandes industriales, los banqueros” en calidad de aquellos “grupos sociales que prácticamente monopolizan la riqueza nacional y dirigen las principales actividades económicas”[20]. En relación a esta caracterización del esquema de la conflictividad social se ciernen consideraciones ambivalentes al momento de identificar la razón de la posición de sujeción atribuida a la figura del “pueblo”. Por un lado, la FACA suele priorizar la asimetría subyacente a la relación de fuerzas planteada entre la sociedad civil y los regímenes militares al afirmar que éstos “fueron castigando al pueblo, (…) fueron maniatándolo y amordazándolo con el terror”.[21] Por otra parte, el énfasis colocado en la gravitación de la política represiva se articula por momentos con una incipiente subestimación de las potencialidades atribuidas a la figura del “pueblo”. En este sentido es que la FACA llega a esgrimir una retórica de impronta vanguardista desde la que dictamina que “los pueblos serían incapaces de actuar por su cuenta” al verse desprovistos de “espíritu combativo”.[22] No obstante el tono concluyente de tal aseveración, por momentos se expresa aun una plena confianza en la facultad de liberarse de que “los gobernantes (lo traten) como a un perpetuo menor de edad”[23] pues “la existencia fundamental de un antagonismo de clase”[24] habilitaría, según la FACA, la potencialidad revolucionaria del “pueblo”. Desde esta clave interpretativa del campo de la conflictividad social, tal organización libertaria se pronuncia afirmando que: “La verdad es que en tanto la sociedad se base sobre el sistema de privilegio económico que entrega a unos cuantos grupos de potentados la posesión o el control de toda la riqueza social, creada y mantenida por todos los trabajadores del músculo y la inteligencia, en tanto la producción no tenga como finalidad la satisfacción de todas las necesidades humanas, sino la ambición de lucro de algunos individuos, no se podrá suprimir el antagonismo de clases y la lucha persistirá siempre, en forma latente o activa. Se podrán limar asperezas, se podrán atenuar temporariamente los efectos del conflicto, se podrá inclusive imponer treguas forzosas, pero no eliminarlas radicalmente. Esto sólo ocurrirá cuando se elimine la división de clases, de un modo real y no ficticio, esto es, suprimiendo de raíz el privilegio en la sociedad.”[25]
Conjeturamos que esta oscilación entre la identificación de la poco precisada figura del “pueblo” con la del sujeto de la revolución y, a su vez, la denegación de esta misma potencialidad está dando cuenta de la propia indecisión en la que aún habría de debatirse la procesualización del declive que venía sufriendo la propia presencia del anarquismo entre los sectores populares y, particularmente, dentro del movimiento obrero local. En relación a dichas oscilaciones, la recepción por parte de la FACA del punto de inflexión que significó la apertura de la “fase preparatoria del gobierno peronista” –en la medida en que Juan D. Perón comience a promover una política de apertura laboral desde la dirección del Departamento Nacional de Trabajo a partir de octubre del ´43–, se distingue por las sucesivas recaracterizaciones que sufrió la figura del “pueblo” dentro del contexto de las estrategias discursivas que comenzó a implementar dicha organización libertaria para dar cuenta de la emergencia de un fenómeno que, en su dimensión movimentista, se nutrió principalmente de un estrecho vínculo con las masas. Así, con la persistencia del régimen militar y la irrupción de Perón en el escenario político, la propia confianza depositada en la “psicología del pueblo argentino” irá decayendo en la medida en que se identifique que sus supuestas “defensas naturales” vayan cediendo ante el “virus totalitario” y el “funesto morbo nacionalista que convierte a los hombres en bestias agresoras y aullantes”.[26]
Durante la “fase preparatoria del gobierno peronista” –y, con mayor intensidad durante el transcurso de los dos primeros gobiernos peronistas–, la apropiación y resignificación discursiva que ya comienza a efectuarse desde el Estado con respecto a ciertos símbolos que venían siendo reivindicados tradicionalmente hasta el momento por el movimiento obrero y, particularmente, por el anarquismo local como constitutivos de su identidad, resultan para la FACA una ofensa contra la “dignidad obrera”. Más precisamente, la concepción que esta organización tuvo con respecto al incipiente fundamento doctrinario de la justicia social y el espectro de conquistas sociales que trajo aparejada su implementación con Perón desde la Secretaría de Trabajo, diverge por completo del propio principio aclamado de la “justicia social”. Así, la FACA observa que aquellas conquistas “después de haber sido violentamente resistidas y tachadas de subversivas y disolventes por parte de las clases privilegiadas (…) terminan por imponerse como conceptos de aceptación general de esos mismos estadistas que antes las rechazaban con horror”.[27]
Semejante “aceptación general” vendría dada, según dicha organización, porque la primera de tales concepciones buscaría imponer la “armonía social” y la “colaboración fraternal e idílica entre el capital y el trabajo”[28], mientras que, por el contrario, la segunda “significa substancialmente la abolición del régimen de explotación del hombre por el hombre, la supresión de privilegios sociales, la colocación de todos los seres humanos, en un pie de igualdad, con iguales oportunidades y derechos para el goce de la vida. Es decir, exactamente lo contrario de lo que persigue esta dictadura que trata de consolidar, como lo ha confesado, el sistema capitalista, con todas las inequidades que el mismo significa”.[29]
Una vez introducida esta distinción por la FACA en las páginas de Acción Libertaria, aquella prosigue señalando que la legitimidad de las mejoras sociales radicaría en el hecho de tratarse de conquistas obreras y no en su sustento legal. Al asumir entonces que “el hecho es siempre anterior a la ley”[30], la FACA continua argumentando que el Estado sólo haría su aparición frente a dichas circunstancias a fin de apaciguar un estado de conflictividad social que es “impuesta por la voluntad y los acontecimientos, casi siempre difícil de destruir”.[31] Tengamos presente que, en la medida en que se intensifican las críticas dirigidas por la FACA contra la gestión de Perón, hacia mediados del ´45 se define la ofensiva de una oposición social y política lanzada contra su figura a fin de forzar al régimen a delegar el poder en la Corte Suprema. Tal ofensiva obedeció a la hostilidad con la que fue recepcionada principalmente, por parte de las corporaciones patronales, la política de apertura laboral promovida desde el Departamento Nacional de Trabajo –con posterioridad, Secretaría de Trabajo y Previsión– con el fin preventivo de conjurar a tiempo el peligro potencial de un ascenso de las corrientes de izquierda locales, apelando para ello a la institucionalización de la negociación colectiva bajo el auspicio del Estado y la búsqueda de apoyos por parte de los trabajadores organizados. Así, frente a la reacción tanto de los sectores patronales como de los partidos políticos, Perón convoca a los sindicatos y a los trabajadores organizados para que acudieran en defensa de su gestión. A partir de entonces se patentizó “el sobredimensionamiento del lugar político de los trabajadores organizados, que de ser una pieza importante pero complementaria dentro de un esquema de orden y paz social se convierten en el principal soporte de la fórmula política de Perón”.[32] Si bien este llamamiento agudizó la polarización política en torno a la figura de Perón, cabe destacar que la FACA aun no se identifica explícitamente con la oposición política planteada en esta coyuntura por más que, al igual que la misma, resulte refractaria a las iniciativas político-sindicales desarrolladas por Perón hasta entonces. Por otra parte, lo que se observa es que la FACA abandona, a partir de la apertura de la “fase preparatoria del gobierno peronista”, la referencialidad al clivaje de la lucha de clases que había movilizado, precisamente, para dar cuenta de la fuente de la conflictividad social durante el régimen uriburista. En su lugar, prima un tono decepcionado y moralizante al momento de dar cuenta del campo de la conflictividad social, con respecto al cual no se duda en manifestar el propio extrañamiento experimentado con respecto a aquellos sectores del “pueblo” movilizados en torno a la figura de Perón.
El 17 de octubre de 1945 y el triunfo electoral de Perón para la presidencia en febrero de 1946: la FACA polariza el espectro del movimiento obrero ante la emergencia del fenómeno peronista
El posicionamiento asumido por la FACA ante las movilizaciones obreras que comienzan a pronunciarse a favor de la gestión de Perón con anterioridad a los sucesos del 17 de octubre de 1945, preanuncia la orientación que asumirá la propia recepción efectuada por esta organización con respecto a lo que quedará catapultado como una de las fechas emblemáticas de la liturgia peronista. Con respecto a tales antecedentes, la FACA se encarga de descalificarlos, recurriendo para ello a las mismas argumentaciones que también serán movilizadas desde el resto de las de las izquierdas argentinas que le fueron contemporáneas. Entre tales argumentaciones, se destaca la revocación del reconocimiento de los actores movilizados a favor de Perón en calidad de sujeto de la revolución. Aclamando que, contra “esa banda siniestra, el pueblo de la república debe colocarse en posición de legítima y vigorosa defensa”, la FACA es taxativa al respecto en la medida en que, incluso, excluya discursivamente respecto de la propia referencialidad movilizada en relación a la noción de “pueblo” a lo que identifica en términos de “la canalla nazi (que) salio a la calle el 27 de julio, con plenas franquicias para cometer depredaciones, para aullar sus odios cavernarios, para ostentar su soberbia provocadora”.[33]
Una vez que los sucesos de octubre del ´45 hayan tenido lugar, la crítica dirigida por la FACA en referencia a la legislación social cede su lugar a la introducción de una tajante delimitación respecto de los destinatarios de aquella, dividiendo al espectro del movimiento obrero entre, por un lado, “la nueva generación obrera, sin experiencia sindical ni posición ideológica”[34], la cual, en octubre del ´45, habría participado en lo que es caracterizado como “la vergonzosa ‘marcha’ lanzada a la calle (donde) las bandas de vándalos actuaron dirigidos por la policía”[35] y, por el otro lado, la presunta “vanguardia del proletariado argentino (…) como expresión del auténtico movimiento obrero”[36]. Ahora bien, tal como puede cerciorarse en publicaciones socialistas y comunistas contemporáneas a los sucesos de octubre del ´45, la apelación a la distinción entre una nueva generación obrera desprovista de experiencia sindical y las viejas generaciones integrantes del movimiento obrero involucró, prácticamente, al conjunto de las izquierdas argentinas, entre las cuales la FACA, tal como lo hemos planteado, no fue precisamente la excepción. Asimismo, con respecto a la inmaculada y monolítica remisión al “auténtico movimiento obrero” asociado, según la emblemática imagen elaborada por las distintas izquierdas argentinas, con la figura del “viejo obrero”, el inmigrante o su descendencia en contraposición a la reciente incorporación como mano de obra urbana de un importante contingente de migrantes rurales –asociados a la figura del criollo o el cabecita negra que irrumpía en las calles del centro de Buenos Aires y otras grandes ciudades del país–, las investigaciones pioneras de Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero[37] y, posteriormente, de Juan Carlos Torre[38], a propósito de las negociaciones efectuadas, en el marco de la Secretaría de Trabajo y Previsión, entre Perón y la “vieja guardia” encarnada por viejos dirigentes sindicalistas procedentes de la era preperonista ha contribuido, en gran medida, a cuestionar el correlato que, tal consideración, ha tenido dentro del campo de la sociología y la historiografía argentinas en alusión a la aseveración consagrada de que la base de apoyo sindical de la “fase preparatoria del gobierno peronista” haya emanado exclusivamente de los sectores trabajadores de reciente proveniencia rural.
El triunfo electoral de Perón para la presidencia en febrero del ´46 consolidó para la FACA una profunda fragmentación al interior del movimiento obrero por efecto de “una hábil política de tipo obrerista”, en la que “el vuelco de grandes núcleos proletarios hacia el ‘peronismo’ fue favorecido por la falta de preparación y conciencia sindical de los afiliados a los sindicatos reformistas, por la represión y eliminación de los organismos obreros revolucionarios, por la experiencia negativa de todos los partidos políticos a través de su paso por el poder”.[39]
A través de tal aseveración, la FACA se propone identificar las razones del triunfo electoral de Perón, incorporando una consideración de cuestiones que implican procesos históricos de mayor alcance, abandonando así el mero carácter espontaneista que le había adjudicado al fenómeno peronista emergente durante los sucesos de octubre del ´45. Entre tales procesos, la FACA identifica los efectos que habría de tener, para el propio movimiento obrero, la política represiva implementada por los sucesivos regímenes militares que se inician con el golpe del ´30 –resultando “los organismos obreros revolucionarios” los más afectados y, respecto de los cuales, la FACA prefiere no brindar precisiones–. Así también responsabiliza a los partidos políticos –uno de los componentes de la oposición que fallidamente se dirigió contra Perón en vísperas de los sucesos de octubre del ´45– y, lo que, a sus ojos, constituye la supuesta inexperiencia triunfante en el campo sindical que habría resultado de la reorganización del movimiento obrero acaecida desde principios de los años ´30. Al año siguiente, la FACA es más explícita al momento de identificar las supuestas limitaciones del movimiento obrero en lo concerniente a su apoyo al régimen peronista, afirmando que “el concepto auténtico de la revolución fue perdiendo claridad a medida que en el campo socialista brotaron y crecieron las tendencias políticas que, primero, se inclinaron por la conquista del poder como medida transitoria y, después, arrastrados por el oportunismo y los efectos del poder que alcanzaron, trocaron su revolucionarismo por un reformismo legalista que fue encadenándolos cada vez más al régimen capitalista.”[40]
Sin embargo, a través de esta última consideración, la FACA oblitera la posibilidad de reconocer las propias limitaciones que habría presentado el movimiento anarquista argentino al momento de interpelar un movimiento obrero que no resultó ajeno a las transformaciones socioestructurales y culturales acaecidas en la sociedad argentina a partir de la década del ´30.
El dirigismo estatista impulsado por el peronismo según la FACA: tránsito desde el liberalismo hacia un capitalismo de Estado de esencia totalitaria
El rechazo de la FACA respecto de la expansión estatal no se limitó a su mera concernencia en lo económico o, como se ha visto, a su vínculo con el movimiento obrero. Al afirmar que el Estado peronista “se convierte en explotador, en capitalista, en comerciante, en monopolista de la vida económica, política, cultural, sanitaria, etc.”[41], esta organización libertaria llega a la conclusión de que la opresión se habría totalizado con el peronismo. En un diagnóstico elaborado por la FACA con motivo de la celebración del Tercer Congreso Ordinario en 1951[42] se asume que, tras la Primera Guerra Mundial, el capitalismo habría logrado canalizarse a través del liberalismo, viéndose afianzado a través de su expresión política: la democracia. Pero, según tal organización libertaria, desde mediados del siglo XX, se habría evidenciando un proceso de “descomposición del capitalismo” que se encausó a través de un “moderno estatismo” entendido como valuarte de la supervivencia de las burguesías de distintos países. Según esta consideración, ante “el fracaso del sistema clásico de la economía capitalista por su incapacidad de resolver los problemas sociales que ha suscitado”, se estarían desarrollando, a modo de salida, “ensayos de economía dirigida que implican formas larvadas de capitalismo de Estado” que pudieron imponerse en diversos países debido a “la frustración de las masas productoras (…) que no fueron capaces de realizar la revolución social cuando las situaciones creadas después de la Primera Guerra Mundial ofrecían coyunturas históricas favorables”.
En concordancia con tal diagnóstico elaborado a propósito de las “manifestaciones típicas del estatismo y de declinación de la democracia” en ciertas partes del mundo, la FACA considera que el golpe militar del ´43 en la Argentina habría “acelerado (…) el proceso de concentración del poder” al punto de consolidarse gracias al régimen peronista. Si bien dicha organización reconoce que este último habría sido sancionado electoralmente y conservaría formalmente las instituciones modernas, no obstante, asume que el mismo se sostendría “en base al empleo de medios coercitivos y demagógicos”, resultando equiparado en calidad de “sistema político de esencia totalitaria” con la Italia de Mussolini, la Alemania hitleriana y la Rusia stalinista. Ya desde el ´46 la FACA explicita continuamente su intención de que ciertos términos sean preservados de una “confusión” de la cual era supuestamente participe el “pueblo” en cuanto a la asociación del peronismo con el “socialismo”.[43] A fin de distinguir un término del otro, esta organización procede identificando al peronismo como una modalidad de “capitalismo de Estado” que habría sustituido la anterior primacía detentada por el “capital privado”. Así, según la FACA, la “nacionalización” que el Estado haya podido emprender no habría tenido como fin la expropiación contra el dominio capitalista en beneficio de los intereses generales de la sociedad así como tampoco “la abolición lisa y llana de los privilegios”[44] –tal como sí ocurriría mediante la “socialización” de los medios de producción y propiedad sobre la tierra[45]–, ya que, en todo caso, el “cambio en la estructura económica” acarrearía la conformación de “nuevas clases privilegiadas, nuevos grupos parasitarios, nuevas fuerzas opresivas, que se agregan a las anteriores o las suceden, con mayor o menor eficacia en la opresión”.[46] Tal proceso, que es caracterizado por la FACA de acuerdo al presunto reemplazo efectuado por la “burocracia estatal” respecto de la “vieja burguesía”, supondría para la organización libertaria la “sustitución de una tiranía por otra”[47] que, de ninguna manera, conllevaría una conquista para el “pueblo” sino “una vuelta al pasado lejano, desde que se suprime la libertad del individuo, sin suprimir la explotación del productor”.[48] Frente a lo que es denunciado como la acentuación de “la explotación capitalista, la opresión gubernamental y la regresiva influencia del oscurantismo religioso, del anacrónico nacionalismo y del militarismo”, la FACA acude al llamamiento de la “Revolución Social” entendida como un “conjunto de cambios de orden económico, político y moral” para una “profunda transformación de las normas de convivencia”, convocando para ello a “todos los cuales sufren hoy en diversos grados las consecuencias de la explotación capitalista y la opresión estatal, (especialmente) los trabajadores de la ciudad y el campo, (…) los obreros manuales, intelectuales y técnicos”.[49]
Según las caracterizaciones precedentes se puede observar que la FACA resultó deudora de la impronta antifascista en virtud de la cual el peronismo fuera recepcionado asimismo tanto desde las diversas corrientes de la izquierda argentina como desde los sectores liberales locales. Si bien dichas caracterizaciones encontraron su máxima intensificación frente al fenómeno peronista, hay que tener presente que la labor antifascista dentro del anarquismo local y, las izquierdas argentinas en general, se remonta generalmente hacia la década del ´20, tras la Marcha sobre Roma, para pasar a consolidarse localmente a partir del ascenso de Hitler al poder en 1933. Del mismo modo, la trayectoria antifascista de la FACA no se limitó al fenómeno peronista. Aquella se remonta prácticamente a sus orígenes de la mano de su labor de solidaridad con la Guerra Civil Española a partir del ´36. De hecho, ya en junio de 1943, se puede advertir que dicha organización libertaria se posicionó frente al reciente golpe, asumiendo que: “Todo cuartelazo tiende a la dictadura y toda dictadura tiende a perpetuarse. De hecho, habrá de aplicar métodos totalitarios y los hubiera aplicado, aunque esa peste política que es el fascismo no hubiera aparecido, para desgracia de los pueblos, pues ello está en la naturaleza de toda dictadura.”[50]
En sintonía con tal posicionamiento asumido por la FACA, una de las orientaciones por las que se caracterizó la conformación del movimiento antifascista en nuestro país radicó, según Bisso, en la homologación operada en remisión a los regímenes dictatoriales y el fascismo. Así, mediante dicha operación, “se invertían las categorías y el concepto genérico de dictadura terminaba siendo absorbido por el fenómeno particular de fascismo”.[51] Según prosigue el autor anteriormente mencionado, las distintas expresiones del antifascismo argentino divergieron entre si en lo que respecta tanto a los propósitos puestos en juego al momento de fundamentar la necesidad de organizar un frente antifascista en nuestro país así como en lo relativo a las mismas definiciones movilizadas para circunscribir al contrincante pasible de ser caracterizado como fascista. Como tal, el antifascismo argentino supuso la apropiación de un discurso externo que fue recepcionado de modo divergente por las distintas corrientes y personalidades de la izquierda y el liberalismo argentinos. Su aplicación en la caracterización de las organizaciones nacionalistas locales, la dictadura de Uriburu, los gobiernos de Justo y Castillo, la dictadura militar del ´43 y, por último, los dos primeros gobiernos peronistas, implicó lo que Sigal y Verón indican en términos del carácter no lineal y, por lo tanto, indeterminado, de la circulación del sentido que implica la apropiación de un discurso desde un contexto distinto al de su producción. Siguiendo este criterio, su carácter no lineal radicó en las particularidades que revistió el discurso antifascista argentino de acuerdo a las propias exigencias planteadas dentro del marco de su contexto de apropiación. La operación discursiva puesta en juego en tal apropiación conllevó entonces recortes, desplazamientos y omisiones así como la incorporación de aspectos que no se correspondieron necesariamente con los formulados dentro del contexto de su producción.[52] Es en relación a este último aspecto que la FACA se hace eco de otras expresiones contemporáneas del antifascismo argentino al incorporar la figura del “caudillo” para dar cuenta de aquellos mecanismos de los que se habría valido Perón para afianzar su vínculo con las masas. En alusión a tales mecanismos, la FACA hace hincapié en la denuncia de una política demagógica y diversionista movilizada en relación con las mismas y una política de persecución política dirigida contra sus opositores.
Ahora bien, a diferencia de la orientación asumida por la corriente democrático-liberal del antifascismo argentino, la FACA se pronuncia en reiteradas ocasiones en contra de las instituciones democráticas, asumiendo una postura antiestatista. Pero, a pesar de declarar su desdén hacia las instituciones democráticas, incurre en la ambivalencia discursiva de pronunciarse –también en reiteradas ocasiones– en defensa de una de las instituciones democráticas por excelencia: las libertades públicas. Entre ellas, “las libertades de reunión, de palabra y de prensa”.[53] Siguiendo las observaciones efectuadas por Suriano, si bien “el anarquismo, a diferencia del marxismo, trascendía el discurso clasista”[54] al basarse en uno eminentemente universalista, cabe tener presente que el grupo editor de Acción Libertaria demuestra una notoria destreza argumentativa en la medida en que, con anterioridad al inicio del proceso de recepción del peronismo propiamente dicho, apele hábilmente a determinados lineamientos de la teoría marxista para sostener una visión de la sociedad dividida según el clivaje de la lucha de clases, mientras que abandone taxativamente tal referencialidad a partir de la apertura de la “fase preparatoria del gobierno peronista”. Así, en lugar del clivaje de la lucha de clases, la noción más abarcativa de “privilegios” es priorizada discursivamente por la FACA de la mano de un llamamiento efectuado en pos de la defensa de las libertades públicas.
La gravitación de la política agraria peronista para el mundo rural según la FACA: el “problema campesino” según sus oscilaciones entre los esquemas explotadores/explotados y opresores/oprimidos
En consonancia con el principio de autonomía económica ensayada como respuesta ante la crisis de dependencia y distribución desencadenada a partir de la crisis del ´29, la gestión peronista implementó una política económica mercadointernista a fin de operar una redistribución del ingreso a favor de la industria y el sector trabajador dentro del marco del impulso al modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI). Ahora bien, cabe tener presente que el efectivo despliegue del ISI con anterioridad a la gestión peronista habría requerido una intensificación en la producción agraria que únicamente podría haberse llevado a cabo a expensas del sistema de intereses económicos dominantes y la estructura de poder asociada al modelo agroexportador. A mediados de los ´40 ésto fue posible en virtud del debilitamiento de los lazos tradicionales de dependencia que implicó el declive en las relaciones comerciales con el exterior que la Segunda Guerra Mundial trajo aparejada para el país. Así, la coyuntura inaugurada por esta guerra implicó una crisis agraria que inicialmente afectó a las chacras y que, con posterioridad, tuvo su repercusión en el conjunto del modelo productivo, desembocando en el deterioro y la reducción de áreas destinadas a la producción cerealera y la explotación extensiva.
El recorte de la demanda mundial de cereales, la declinación de los precios internacionales junto con el aumento de los costos de importaciones –tales como los insumos utilizados en las actividades agrarias–, presionaron a los arrendatarios a reducir los costos mediante el incremento de la autoexplotación de la mano de obra familiar y la reducción en la contratación de mano de obra transitoria. Así, a la consecuente desocupación de asalariados transitorios se le fue sumando la expulsión de muchos de esos mismos arrendatarios de sus fuentes de trabajo debido a la reorientación que los terratenientes efectuaron hacia la explotación ganadera.[55] De este modo, importantes cantidades de arrendatarios, pequeños propietarios de zonas marginales, minifundistas y asalariados transitorios integraron la corriente migratoria rural que habría de afluir hacia las grandes urbes desde mediados de la década del ´30. Estas transformaciones forzadas, que ponían en riesgo la permanencia de estos actores en el escenario agrario, trajeron aparejadas un mayor enfrentamiento entre terratenientes y arrendatarios, entre productores y asalariados.
En este estado de metamorfosis de las estructuras de la sociedad argentina de mediados de la década del ´40 es que hace su aparición el régimen peronista, teniendo que enfrentarse al problema planteado en torno al tratamiento a dispensar a la cuestión del agro en función de su inserción en el modelo nacional de desarrollo industrial del país. El despliegue de una considerable propaganda electoral que anunciaba una “política de tierras” –que, sólo en un primer momento, se comprometió con la labor de efectuar la reforma agraria– junto con la concreción de ciertas reformas sociales dirigidas a los sectores rurales no propietarios[56], buscó no sólo atraer su apoyo en tanto electorado rural, sino también minimizar los conflictos entre los sectores rurales y, a su vez, de parte de éstos hacia el recientemente inaugurado gobierno peronista. El ejercicio de un creciente control estatal de las fuerzas y los procesos sociales y económicos que se venían arrastrando desde la etapa anterior era funcionalmente significativo para incrementar el nivel de producción agropecuaria que demandaba una “presión nacional sobre la tierra”[57] en alza.
Si bien entre los años ´46-´49 se sucedió una etapa de expansión económica, el lugar estratégico que tuvo el sector de los productores agrarios en la nueva política económica no los hizo menos propensos, por ello, a sufrir los desfasajes del modelo económico. El redireccionamiento del ingreso operado a favor del sector urbano industrial supuso la implementación de ciertos mecanismos que aseguraron al Estado la absorción de gran parte de la renta diferencial que, con anterioridad, era apropiada por la gran burguesía agraria y los propietarios extranjeros de los sistemas de comercialización y transporte de la producción agropecuaria. Entre tales mecanismos, la creación del Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI) en 1944 constituyó, para el nuevo sistema de comercialización, la entidad encargada de controlar las compras a un precio fijo y las exportaciones a precios internacionales, viéndose su función articulada con el control estatal de la política cambiaria y el sistema de precios. Esta mayor ingerencia estatal en los asuntos económicos es percibida por la FACA como una presencia invasiva que se cerniría sobre aquellas actividades económicas que “van siendo absorbidas y controladas por el todopoderoso I.A.P.I., entidad monopolista, en torno a la cual se desarrolla y engorda una nueva oligarquía industrial y financiera, entrelazada con elementos de la alta burocracia gubernativa”.[58] De este modo, el IAPI es visualizado por la FACA como un instrumento puesto al servicio de las políticas estatales interesadas en beneficiar, dentro del conjunto de la economía argentina, a aquella fracción de la clase dominante a la que apuntaba potenciar el nuevo modelo económico.
Recapitulando entonces frente a las modalidades de intervención del Estado peronista en la economía, la FACA concluye que el accionar estatal “se ha revelado más brutal y usurero que los capitalistas privados”[59] y que, en definitiva, el aclamado proceso de “recuperación económica” que comprendió la “compra de los ferrocarriles y de los teléfonos, la ‘argentinización’ del dinero, la industrialización a toda marcha, el bienestar para todos los habitantes del país”[60] tuvo su contratara en la situación del agro. En este sentido es que, si bien la FACA reconoce la “prosperidad económica que reina en el país”[61] –omitiendo mediante este eufemismo la posibilidad de reconocer la amplia gama de conquistas sociales del movimiento obrero que fueron incorporadas desde el régimen peronista–, prosigue haciendo la aclaración de que ello obedecería al hecho de que “el gobierno se constituye en el único acaparador de la producción agraria”[62] al restringir a los productores agrarios a la venta forzada de su producción al IAPI a un precio determinado por el mismo, viéndose así “los auténticos productores, a seguir trabajando y produciendo para crear más y más riqueza en beneficio del gobierno”.[63]
Tal como lo indica Lattuada en alusión a los primeros años de la posguerra, el IAPI efectivamente pudo obtener importantes saldos a favor al comprar a los productores a un precio fijo y por debajo de la diferencia obtenida por su venta al exterior. De este modo, los productores agrarios y, particularmente, los no propietarios de tierras resultaban prácticamente exprimidos ya que la reducción en los costos asociada a la “política de tierras” del régimen peronista no era lo suficientemente significativa para que les permitiera afrontar el aumento de los salarios de los asalariados rurales y los elevados precios de los insumos agropecuarios de origen industrial. A pesar de que “sobre los sectores de terratenientes arrendadores se cargó el mayor peso de la traslación (de la renta diferencial), los sectores de los productores agrarios, en particular su mayoría que era no propietaria de las tierras que trabajaban, y que no podían volcar debido a las condiciones de sus contratos sus tierras a la producción ganadera (…), sentían que a costa del sacrificio de su trabajo se llevaba a adelante el I Plan Quinquenal de gobierno”.[64] Mientras tanto, la política de prórroga de los contratos de arrendamiento y suspensión de desalojos “posibilitó que el peso que significaba el traslado de ingresos del sector agropecuario al sector urbano-industrial, pasara en su mayor parte de sus espaldas a los bolsillos de los sectores terratenientes arrendadores, -los únicos que no participaban en el proceso productivo-; mientras que la fracción terrateniente dedicada a la producción ganadera no fue afectada, y obtuvo considerables beneficios durante todo el período de gobierno peronista, dado los mejores precios relativos en relación a los granos.”[65]
En vista de este panorama, la FACA comienza, desde principios de 1947 hasta la crisis de 1949, a remitirse de forma continua a la “cuestión agraria” y el “problema campesino”. En relación a este último se hace referencia, con cierta intermitencia, a la “agitación agraria” de los chacareros identificados en calidad de “movimiento que responde a profundas causas económicas y ha tenido la virtud de arrojar nueva luz sobre los pretendidos milagros financieros del gobierno”.[66] A pesar de adjudicarles una tradicional “pasividad y (…) hábitos legalistas”, la FACA encuentra que los chacareros habrían comenzado un “movimiento de resistencia, iniciado en el sud de Santa Fe, (que) se extendió a toda esa provincia, Buenos Aires, Córdoba y La Pampa (donde) en varias de esas asambleas surgió la voz de orden de no entregar la cosecha o no levantarla”[67](en negrita en el original). Con respecto a la gravitación adquirida por las regulaciones introducidas en el mundo rural, la FACA se pronuncia negativamente, sobrevalorando los intereses principalmente de los arrendatarios. En relación puntualmente a las implicancias de las legislaciones introducidas respecto de los obreros rurales permanentes y los arrendatarios, esta organización libertaria encuentra que “la demagogia peronista ha producido un fenómeno similar al que se observa en el proletariado industrial. Para atraerlos a la trampa, se ha dictado el ‘estatuto del peón’, (el cual ha) creado una situación de tirantez con la prohibición de trabajar decretada para los familiares del colono, forzando a sus propios hijos a emigrar a la ciudad. (…) El gobierno y sus lacayos de la C.G.T. ven ‘comunistas’ en la agitación de los agricultores y en las huelgas de los obreros rurales. Pero con sus diatribas y gritos no va a resolver la crisis del agro producida por su política demagógica y expoliadora.”[68]
Cabe tener presente que si el Estatuto del Peón estaba regulando, a partir de 1944, la normatividad promulgada sobre condiciones de trabajo y fijación de salarios mínimos para los trabajadores rurales, a su vez la formación de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (FATRE) y un mayor reconocimiento estatal conferido a los Centros de Oficios Varios, potenciaron precisamente la disposición de los trabajadores rurales estacionales y transitorios a presionar a los productores arrendatarios a abandonar la modalidad de sobreexplotación del trabajo familiar que, precisamente, les permitía sortear los costos asociados a la contratación de mano de obra asalariada. De este modo, la ruptura de lo que constituía la base del sustento de las economías familiares arrendatarias junto con la consecuente desocupación forzosa de los hijos de chacareros que ello trajo aparejado, constituyó un factor crucial en el incremento de la conflictividad planteada entre productores y asalariados.
Según la FACA la ocurrencia de los conflictos rurales tuvo su fundamento, en primer lugar, en el propio funcionamiento del “sistema capitalista (…) que da origen a los conflictos y vicisitudes de los trabajadores de la tierra de todas las categorías”[69] y, en segundo lugar, en la propia política agraria peronista. La pertenencia a una misma “clase explotada” que es adjudicada por la FACA no se concentra exclusivamente en los asalariados rurales, sino que pasa a contemplar, a su vez, a los penúltimos eslabones de la cadena de la estructura socioeconómica agraria, es decir, a los arrendatarios y los pequeños propietarios. Tal consideración ampliada acerca de la “clase explotada” agraria encuentra su fundamentación, de acuerdo con la FACA, en la existencia de “enemigos comunes”: en vista de “su similar condición de explotados”[70] frente al Estado, la FACA propone entonces que los actores en cuestión abandonen su enfrentamiento a fin de impulsar una acción conjunta “sin dejar por ello que los peones exijan sus propias reivindicaciones, insistiendo en que la mala situación de los colonos no se debe al aumento de jornales que exigen los braceros (…) sino al accionar del Estado a través de la negociación de sus productos, la política del precio mínimo y el control de cambios”.[71]
Sin reconocer explícitamente que el aumento de jornales de los trabajadores agrarios fue promovido por efecto de la política agraria peronista, la FACA estructura su plan de acción proponiendo que se asocien actores que, en definitiva, se definen en base a relaciones desiguales respecto de la estructura de la tenencia de la tierra. El plan de acción propuesto prosigue sugiriendo, para aquellas agrupaciones libertarias que pudieran estar en contacto con el ambiente agrario, la labor de propiciar cooperativas de consumo y producción, la participación en “todos los movimientos de colonos, incluso en las Juntas de Defensa de la Producción, Pro Precios Básicos, etc.”[72], informar a los “jornaleros” acerca de los métodos de lucha y propaganda propios de los trabajadores urbanos en lo concerniente a la conquista de mejoras salariales y reducción de las jornadas laborales y promover la negativa de abandonar sus tierras cuando fuesen desalojados en el caso de incumplimiento en el pago de los arrendamientos. Incluso se les insta a éstos a resistir los aumentos en los arrendamientos e impuestos, presionando por su rebaja o su desaparición.
A partir del reconocimiento de que el “gran problema de la tierra” constituye la raíz del “problema agrario”, la FACA asume que su solución integral si bien resultaría imposible de ser concretada dentro del marco del sistema capitalista, no obstante, podría ser encarada “preparando las condiciones materiales e ideológicas para una transformación del sistema”[73] por medio de la práctica del cooperativismo. De este modo, si bien se acepta que “el movimiento cooperativo (…) no se trata de un movimiento revolucionario, en el sentido corriente del término”, se asume, sin embargo, que el mismo constituye una “excelente práctica de capacitación revolucionaria”.[74] Así, el cooperativismo fundado en la solidaridad mutua, la gestión directa y en “oposición (…) a la nacionalización o estatización de servicios, actividades e industrias”, es propuesto a modo de organización de la producción y la distribución sobre la base de una “convivencia al margen de las normas capitalistas y de control o tutela gubernamental”.[75] Ahora bien, la FACA advierte que el cooperativismo puede constituir una vía para la solución del “problema económico y social en el campo”, siempre y cuando aquel se asiente sobre la base de la socialización de la tierra. El planteo que elabora dicha organización en cuanto al “gran problema de la tierra” y su requerida socialización, dista tanto de las exigencias que presentó la Federación Agraria Argentina como de los anuncios preelectorales que Perón efectuó en remisión a la reforma agraria. Si bien los tres, en mayor o menor medida, aludieron a la expropiación de las grandes concentraciones de tierra y los latifundios e incluso recurrieron a lemas similares[76], la diferenciación entre aquellos radicó, fundamentalmente, en que mientras que la FACA promovía la socialización de la tierra entendida como “instrumento de trabajo en manos de los que la trabajan, para beneficio de todos”[77], los otros dos apuntaban, por el contrario, a la entrega de tierras según el criterio de la propiedad individual y privada para su perfecta inserción y funcionamiento dentro de la economía capitalista.
Tal como ya se ha planteado, la FACA visualizaba que el funcionamiento del IAPI obedecía a los incentivos estatales dirigidos hacia la industria en términos de una malversación efectuada de la renta al servicio del crecimiento “de ese nuevo estrato parasitario”[78] que encarnaba, a sus ojos, la nueva burguesía industrial. Dicha consideración se reespecifica en la medida en que se plantea con respecto al rol del Estado que, éste “roba con una mano y ahoga con la otra la protesta de sus víctimas contra sus fracasos y atropellos”[79] ya que las intervenciones que el Estado desarrolló en los conflictos rurales son entendidas, de acuerdo con la perspectiva antifascista asumida por la organización libertaria, o bien como “órdenes dictatoriales” –tales como aquellas dirigidas, por ejemplo, a prohibir las “reuniones campesinas”[80]– o como parte de una “maniobra demagógica diversionista”[81] consistente en una serie de promesas ficticias destinadas a ilusionar y apaciguar las reivindicaciones rurales. La implementación de la “política de tierras” que, durante el período de auge económico de 1946-49, implicó una considerable promoción de la colonización y la estimulación crediticia orientada a la conversión de arrendatarios y aparceros en propietarios, es caracterizada por la FACA como la concreción de una posibilidad de reducido alcance para los productores rurales no propietarios ya que, más que una efectiva medida distributiva, es considerada como un recurso esgrimido por el Estado a fin de apaciguar los conflictos sociales en el mundo rural. En efecto, “las leyes de arrendamiento, desde sus inicios han tenido la función de amortiguar los conflictos entre aquellos que tienen la tierra y el poder en el sector rural, y aquellos que deben trabajarlas y hacerlas producir. Han cumplido una función de ‘válvula de escape’ para la presión de los sectores no propietarios sobre la estructura de la tenencia, sustituyendo parcialmente otras formas de acceso a la tierra que signifiquen una transformación de las relaciones existentes en la estructura agraria.”[82]
Tal como ya lo hemos señalado, desde principios del ´47 la FACA comienza a denunciar ciertas falencias de la gestión peronista en materia económica, particularmente respecto de lo agrario. En términos de una “profunda crisis de despoblación, de menor productividad, de desaliento, de rebeldía”[83], la FACA responsabiliza al gobierno por dicho panorama al asumir que “la crisis del agro (es) producida por su política demagógica y expoliadora”[84], la cual presentaría “las tendencias más espurias del capitalismo privado, cuando la especulación, que se pretende reprimir con leyes espectaculares, se organiza desde arriba”[85]. Ahora bien, lo que cabe tener presente con respecto a la “disminución de las áreas de cultivo y la despoblación creciente del campo”[86] es que, tal como ya lo hemos indicado, las mismas correspondieron a procesos que no comenzaron a manifestarse a partir del peronismo, sino que mantenían cierta antelación al mismo. Indudablemente, las condiciones desfavorables que imponía el IAPI a los productores rurales, la prórroga de contratos de arrendamiento, el congelamiento de los cánones pagados por los arriendos y el aumento de los salarios rurales distorsionaron las relaciones agrarias durante este período. Sin embargo, es importante señalar que las medidas tomadas durante el régimen militar del ´43, tales como las dirigidas a los arrendamientos, ya habían comenzado a generar un proceso de desinversión en el agro que se vio agudizado, a su vez, por la progresiva pérdida de la fertilidad y rendimiento de las tierras que trajo aparejado el cese de la rotación de las mismas entre explotación ganadera y agricultura. Asimismo, el proceso migratorio rural-urbano ya constituía una tendencia que había comenzado a esbozarse a mediados de la década del ´30. En todo caso creemos que resulta más pertinente preguntarse de qué modo el gobierno peronista respondió frente a dichas problemáticas, las cuales, si bien adquirieron una notoria densidad durante dicho régimen, ya habían comenzado a perfilarse con anterioridad al mismo.
La crisis económica a partir del ´49: la FACA ante el principio justicialista de la autonomía económica
Durante el período ´46-´49 la atención gubernamental hacia los requerimientos socioeconómicos fue más distendida en comparación con la correspondiente al período preelectoral. Si la “presión nacional sobre la tierra” incidió en el grado del control estatal desplegado a fin de apaciguar aquellos conflictos que pudieran atentar contra la estabilidad social y política requerida para mantener el nivel productivo, entonces se podrá comprender en qué medida, a partir del ´49, la modificación de las condiciones internacionales y el agotamiento de ciertas condiciones internas demandaron una reorientación de la economía nacional acompañada por la necesidad de ejercer un mayor control de las conflictividades rurales. El deterioro de los términos del intercambio internacional hacia 1948 y la caída de los precios agrícolas internacionales durante los dos años posteriores –como resultado de la recuperación de la producción agrícola en Europa, Canadá y EEUU y las restricciones internacionales que impusieron con el objetivo de obstaculizar el desarrollo independiente de la Argentina–, se conjugaron con el agotamiento de las reservas internacionales acumuladas durante el período bélico y los primeros años de posguerra, el estancamiento de la producción agropecuaria local y la consecuente insuficiencia en el abastecimiento del mercado interno, traduciéndose en un duro golpe para la economía nacional dentro del marco de una creciente inflación. Es así como esta crisis económica, que adquiere su mayor densidad en 1952, obligó al gobierno peronista a replantear su política económica hacia el sector agropecuario. De este modo, “el gobierno debió elegir en su estrategia para el sector rural, entre profundizar un programa de acción directa o adoptar solo una política de fomento a la producción agropecuaria”[87], optando finalmente por esta segunda alternativa. Por medio de la implementación de “la vuelta al campo”, se incentivó la producción y la rentabilidad a través de las mejoras en los precios de compra destinados a los productores locales, el aumento del monto crediticio dirigido a dicho sector, la entrega gratuita de semillas fiscalizadas junto con el fomento de la mecanización de las explotaciones a bajos costos. Sin embargo, la obtención de una mayor producción se encontró dificultada porque los problemas estructurales del sector continuaron vigentes. En definitiva, tal como lo señala Lattuada, el modelo de producción tradicional “que funcionaba en base a la estancia ganadera, la chacra agrícola y la mano de obra temporaria (…), bloqueado a partir de las prórrogas de los contratos de arrendamientos a partir de 1942, no había sido reemplazado por otro modelo económicamente más productivo.”[88]
En cuanto al recurso estatal de estos “incentivos económicos ortodoxos”[89], la FACA recepciona este proceso como parte de una “confesión” de lo que habría sido el fracaso de la política económica previa. Así es que, según esta organización libertaria “el Estado promete al campesino salvarlo, conservando los precios (…), promete facilitar la compra de máquinas, proteger a las cooperativas agrarias; promete el oro y el moro (…) para evitar que el descontento y la protesta cunda y se manifieste, para forzar la producción, para adeñuarse de todos los organismos agrarios”.[90]
El impulso que pretendió conferir el régimen peronista al cooperativismo local durante esta etapa es entendido, a su vez, como la tentativa de “enganchar al movimiento cooperativo al carro estatal, crear un ‘movimiento’ similar al que la C.G.T. representa en la industria”.[91] Ya a fines del ´49 la FACA aconseja a las cooperativas locales resguardar “la autonomía de los organismos existentes (ante) los objetivos del gobierno al declarar su repentino amor al movimiento cooperativista, particularmente el agrario”.[92]
Durante las postrimerías de la primera presidencia de Perón, la FACA había logrado identificar la mayor proximidad y reconocimiento que el gobierno precisaba otorgar a los sectores rurales insatisfechos a fin de salvar el entorpecimiento que pudieran significar para esas circunstancias tan críticas. No obstante, lo llamativo a lo largo de la segunda presidencia de Perón, es que las alusiones efectuadas por la FACA con respecto al “problema campesino” van declinando, dando lugar a una crítica más concentrada en desprestigiar al régimen peronista de acuerdo con el viraje operado con respecto al principio justicialista de la autonomía económica, lo cual se patentizó a través de una mayor apertura hacia las inversiones extranjeras. A los ojos de la FACA, tal principio constituyó “una de las tantas farsas demagógicas que emplea el peronismo para captar a la masa ingenua y que tenía sobre todo una finalidad de uso interno”.[93] Ya la crisis del dólar que desembocó en el estancamiento de la exportación de granos es recepcionada por la FACA como una de las manifestaciones que se venían preanunciando en cuanto al progresivo abandono estatal operado frente al principio de la autonomía económica sostenido durante la primera presidencia de Perón. De este modo, según la FACA el Estado se habría encontrado entonces “ante la disyuntiva de aceptar las condiciones humildemente, trocando el papel de amo por el de sirviente (frente al) hábil capitalismo norteamericano”[94], el cual había resultado notoriamente fortalecido tras la Segunda Guerra Mundial, situándose como potencia dominante en el escenario internacional.
Lo que entonces resulta llamativo es cómo se detienen abruptamente las observaciones que, durante el período anterior, fueron efectuadas por la FACA respecto de ciertas tensiones sociales que se venían debatiendo en el agro y que, incluso llegaron a ser catalogados por la misma como expresión de una “rebelión latente en el campo argentino”.[95] A su vez, se mantendrá ausente toda consideración relativa tanto al declive que registra la implementación de la política de colonización a partir de 1949 en respuesta a la mayor preservación que el Estado dirigirá hacia el latifundio en detrimento del minifundio como los recortes efectuados en los préstamos para la adquisición de tierras que se patentiza entre los años ´52 y ´53. En 1949 la FACA hace mención de la celebración de “asambleas de tamberos” pero sólo con motivo de remitir al cierre de establecimientos de explotación agropecuaria y remates de chacras resultantes de la crisis que estaba azotando al campo a fin de denunciar “la política del Estado (…) con sus altibajos en el intercambio con el exterior, con sus promesas incumplidas y su mordaza siempre lista para impedir que el país oiga la verdadera voz del campo, su tragedia”.[96]
Voz respecto a la cual ya no se recapitulará en las páginas de Acción Libertaria en lo sucesivo. De modo que, la atención hacia la conflictividad suscitada entre sectores y actores rurales cederá su lugar al despliegue de una exacerbada crítica dirigida hacia el rol del Estado en materia económica. Con motivo de las adversidades climáticas y los efectos devastadores de las plagas sucedidos entre el ´49 y el ´52, la FACA acusa al Estado cuando tales sucesos pongan en evidencia la falta de reservas disponibles para afrontar períodos de malas cosechas o de desastres naturales.[97]
Frente a tales adversidades y en vista de la creciente “presión nacional sobre la tierra”, el gobierno lanzó el Plan de Emergencia Económica del ´52 a fin de obtener una mayor rentabilidad eliminando los obstáculos sociales, económicos o políticos que pudieran interferir en el proceso productivo. Con tal objetivo, el Plan otorgó mayores incentivos a la producción a través de los mismos instrumentos que habían comenzado a implementarse durante el período ´49-´50 –tales como créditos, mecanización, mejoras en los precios relativos, fijación anticipada de los precios y un control más estricto del proceso de producción, comercialización, industrialización y consumo de la producción ganadera–. El Plan no sólo contempló medidas para fomentar la producción agropecuaria; también implicó medidas de política laboral y una política de fomento a la conversión de arrendatarios y aparceros en propietarios rurales. Dicho Plan constituye para la FACA “uno de los clásicos recursos capitalistas para resolver o atenuar las crisis económicas a costa de una mayor miseria de los trabajadores”[98] que sería implementado a modo de “testimonio del fracaso estatal en su intervencionismo económico”, de la declinación de “los fantásticos planes quinquenales” y de la demagogia oficialista de lo que había sido presentado en términos de “la potencialidad económica y de la superación de la etapa primitiva agrícola-ganadera”.[99] Tal como lo indica Lattuada, los lineamientos de este Plan constituyeron tan “sólo uno de los aspectos de un nuevo esquema de política económica global del gobierno peronista, muy diferente del que se había seguido hasta ese momento, y el cual se consolidaría y se extendería hasta el final del gobierno peronista a través de la acción propuesta por el Segundo Plan Quinquenal”.[100] Por medio de la reorientación operada en la política económica en el ´49 y, especialmente, a partir de su profundización con el Plan de Emergencia y su posterior consolidación con el Segundo Plan Quinquenal a partir del ´53, “se defendió la gran empresa agropecuaria y al capital, se otorgaron mayores garantías a los derechos que otorgaba la propiedad privada de la tierra, hubo mayor control sobre los sectores asalariados rurales, y mayores presiones para el aumento de su productividad”.[101] En cuanto a la “política de precios” asociada al Segundo Plan Quinquenal se promovió la reversión del proceso de la transferencia de ingresos por medio del otorgamiento de un subsidio indirecto a la producción agropecuaria. Así, el IAPI se encargó de efectuar una política inversa a la concretada durante el primer gobierno peronista, comprando a precios superiores de los que se obtenían por la venta de los mismos productos en el exterior. Por otra parte, el crédito oficial se volcó progresiva y mayoritariamente hacia la producción agropecuaria exportable, mientras que se promovió una mayor mecanización de las tareas rurales gracias a los permisos conferidos por el Banco Central a la importación de maquinarias.
Además de la notoria limitación que padece el tratamiento dedicado al “problema campesino” en Acción Libertaria a partir de la segunda presidencia de Perón, el centro de atención de la FACA pasa a concentrarse exclusivamente en torno de una campaña de denuncia dirigida contra la actividad coercitiva y represiva del régimen peronista. En sintonía con tal labor de denuncia, la FACA juzgó peligrosa la continuidad de su actividad pública, pasando a la clandestinidad e interrumpiendo la publicación de su órgano de difusión[102] entre enero y mayo del ´52, entre agosto del ´52 y febrero del ´53 y, por un lapso más prolongado, durante la totalidad del año ´54 para retornar a la actividad pública recién en septiembre de 1955, es decir, una vez concretada la Revolución Libertadora.
Consideraciones finales
La inquietud inicial que motivó esta investigación radicó en el interés por profundizar el conocimiento disponible acerca del posicionamiento político-ideológico asumido por la FACA frente al fenómeno peronista que tuvo lugar entre 1946 y 1955 en nuestro país, optando por circunscribir nuestra atención en torno de la recepción efectuada por dicha organización con respecto al mundo rural y la pertinencia de las políticas económicas implementadas en relación al mismo durante el período que hemos considerado. Es por ello que, antes de incursionar dentro de la temática propiamente dicha del mundo rural, se decidió realizar un breve tanteo de aquellas cuestiones político-ideológicas que comprometen a la definición del sujeto de la revolución y su relación con otras fuerzas sociales distribuidas en el escenario de antagonismo social dentro del marco del surgimiento del fenómeno peronista. Así, hemos advertido cómo la FACA reforzó progresivamente una retórica de impronta vanguardista y moralizante, la cual iría patentizándose a través de las sucesivas oscilaciones planteadas en relación a la caracterización de la noción de “pueblo” en la medida en que fuera adquiriendo relieve el fenómeno peronista: la apertura de la “fase preparatoria del gobierno peronista” inauguró el abandono por parte de la FACA de la apelación al clivaje de la lucha de clases al momento de dar cuenta de la polarización social y política suscitada en torno a la figura de Perón. Una vez que éste triunfe en las elecciones presidenciales de febrero del ´46, la FACA dará cuenta de un esquema de la conflictividad social jalonado por una polarización del movimiento obrero en remisión a los destinatarios de las conquistas sociales, inculpando particularmente a aquellas manifestaciones del movimiento obrero que habría de catalogar en términos de reformista. Por otra parte, hemos identificado la gravitación que revistió la perspectiva antifascista adoptada por la FACA al momento de evaluar la redefinición acaecida en la estructura de poder tras la apertura de la primera presidencia de Perón. De este modo, nos hemos detenido en torno de la consideración que formuló esta organización libertaria con respecto a la transformación del rol del Estado operada en relación al capital dentro del marco de la crisis internacional del modelo liberal a partir del año ´29. Asimismo, hemos identificado que la desestimación movilizada contra el peronismo desde el discurso antifascista esgrimido por la FACA se concentró en la denuncia principalmente de la implementación de métodos demagógicos y coercitivos por parte del régimen peronista a fin de apaciguar la oposición suscitada en relación al mismo.
En segundo lugar, nos hemos dedicado a recapitular ante las diversas consideraciones esgrimidas por la FACA con respecto a “lo campesino” y “lo agrario” –tal cómo dichos términos son distinguidos por Flichmann– dentro del marco del régimen peronista. Además de habernos encontrado con una organización libertaria interpelada por problemáticas de índole nacional tales como el rumbo asumido por el país y la fracción más dinámica de la burguesía nacional dentro del marco del mismo, advertimos en el discurso pronunciado por aquella un notorio interés por el agro y sus actores. Tal vez dicho interés constituya la respuesta esgrimida por la FACA frente a la decantación de la pérdida de la gravitación sufrida por el movimiento anarquista dentro del movimiento obrero urbano argentino. Tal conjetura merece ser puesta a prueba mediante la realización de investigaciones por venir que incorporen a otros referentes del anarquismo argentino de la época, así como también otras expresiones del arco de las izquierdas argentinas que les fueron contemporáneas. Siguiendo con esta temática, hemos observado que al abordar el “problema campesino” atendiendo unilateralmente al vector de las políticas agrarias peronistas, la FACA oblitera la posibilidad de circunscribir aquellas dentro del marco de procesos de mayor alcance que se remontan a la crisis del ´29 y las consecuentes repercusiones que ésta ya habría de tener para el mundo rural desde entonces. Por otra parte, hemos identificado cómo, hasta la crisis económica del ´49, el tratamiento del “problema campesino” asume una aparente remisión al antagonismo de clases como clivaje del campo de conflictividad del mundo rural. Aparente ya que la pertenencia por parte de los minifundistas, arrendatarios y asalariados rurales a una misma “clase explotada”, según la perspectiva asumida por la FACA, descansaría en una operación simbólica dirigida a homologar dichos sectores entre sí de acuerdo al usufructo que el Estado habría operado diferencialmente con respecto a los mismos. Entonces se puede afirmar que dicha organización libertaria habría equiparado la condición de explotación de los asalariados con la subordinación de los minifundistas y arrendatarios a las prerrogativas impuestas por el IAPI, pretendiendo limar las asperezas suscitadas entre los mismos en respuesta a sus respectivos intereses sectoriales. Tal como lo hemos señalado, los conflictos intersectoriales en el agro habrían obedecido, según la FACA, al modo en que intervino el régimen peronista en el mundo rural en respuesta a la defensa de los intereses de la burguesía industrial. Conjeturamos que la presunta remisión al antagonismo de clases es formulado según los términos que revestiría la mayor primacía conferida a la noción de “opresión” por la que se habría distinguido tradicionalmente el movimiento anarquista local frente al resto de las corrientes de izquierda en nuestro país y que, en definitiva, es esta última noción la que estaría subyaciendo a la operación de homologación puesta en juego a través de la común identificación de los sectores remitidos según sus respectivas –pero divergentes– condiciones de subalternidad.
En tercer lugar, nos hemos detenido en torno de las respuestas y las soluciones propuestas por la FACA para esas circunstancias puntuales. Mediante la remisión al repertorio de acción que supone el cooperativismo sobre la base de la socialización de la propiedad de la tierra, entendemos que la FACA les estaría proponiendo implícitamente a los asalariados rurales que abandonen sus conquistas sociales a fin de trabar una alianza con sus empleadores arrendatarios y minifundistas sobre la base de su común equiparación con respecto al control de las condiciones de trabajo y los medios de producción, a la par que les propone implícitamente a estos últimos que abandonen sus respectivas ventajas sectoriales colocándose en igualdad de condiciones con los asalariados rurales con el objetivo de liberarse del usufructo estatal. La alianza intersectorial que la FACA pretendió promover entre tales sectores rurales estaría respondiendo a una noción ampliada de “pueblo” que resulta característica del anarquismo y que no se limita, en su definición, al anclaje de las relaciones capitalistas de explotación, sino que, por el contrario, incorpora éste entre otras formas sociales de “opresión”. Con respecto al recurso a este esquema de impronta eminentemente universalista, resulta insoslayable retomar la observación que Suriano realiza a propósito del factor aglutinante del descontento popular que articuló el anarquismo durante su época de esplendor en nuestro país, al afirmar que “el anarquismo, a diferencia del marxismo, trascendía el discurso clasista. Su mensaje era universalista y no clasista, aunque en la práctica estimulara la lucha de clase pues apelaba centralmente a la rebelión de los trabajadores, en tanto eran estos los sectores más explotados de la sociedad. La oposición al clasismo se fundamentaba en que su posible triunfo desembocaría en el autoritarismo y la violación de la libertad individual. (…) Sin duda, esta amplitud se vinculaba con la heterodoxia clasista sustentada por el movimiento libertario. (…) Además tenía rasgos populistas en tanto aspiraba a unir a todos los sectores sociales para liberarlos de la explotación económica.” [103]
“En efecto”, tal como concluye Suriano condensando sus observaciones precedentes, “la doctrina libertaria suponía que la constitución del sujeto social se basaba en las formas de opresión y no en las relaciones con los medios de producción”.[104] Si la interpelación universalista “estaba en la base de la doctrina anarquista, las prácticas políticas y sociales específicamente orientadas a los trabajadores operaron sobre ésta complejizando la idea de clase social, operando y provocando tensiones sobre una producción discursiva que a veces se tornaba ambigua y hasta contradictoria.”[105]
A fin de comprender la plausibilidad de la propuesta conciliadora entre los sectores rurales en cuestión que habría propuesto la FACA, coincidimos con la postura que Nieto esgrime al afirmar que “no existen prácticas privativas a ninguna corriente ideológica”[106]. Ahora bien, queda aun pendiente investigar cuál fue la ingerencia concreta que tuvo la FACA en el mundo rural durante el período considerado y en qué medida dicha ingerencia se vinculó con los diagnósticos y el repertorio de acción brindados por aquella al respecto.
Tal como lo hemos señalado, con “la vuelta al campo” y la progresiva flexibilidad operada respecto del principio doctrinario de la autonomía económica durante la segunda presidencia peronista, la consideración ofrecida por la FACA con respecto a la oposición entre el Estado peronista y la presunta “clase explotada” irá mermando. Durante este período abierto por la crisis del ´49, mientras la Iglesia, los sectores medios, parte de las FFAA y los sectores del poder económico empiecen a retirarle su apoyo al régimen peronista, la FACA intensificará sus críticas contra el Estado y, en sus acusaciones, recurrirá llamativamente a la misma razón por la cual parte de las FFAA se volverá expresamente en contra del peronismo: lo que será denunciado como un ejercicio ficticio del principio de autonomía económica, es decir, lo que revistió “uno de sus caballos de batalla más eficaces, (y sin el cual, el régimen peronista) se privaba de uno de los más poderosos medios de movilización popular”.[107] Esta persistente acusación mantenida por la organización libertaria con respecto a la cuestión de la crisis en la orientación nacionalista del régimen peronista puede ser visualizada como una afinidad electiva pasible de ser imputada con respecto a la fracción liberal de las FFAA que finalmente encabezó la Revolución Libertadora.
A fin de comprender por qué la FACA terminó apoyando activamente la deposición de Perón que supuso la concreción de la Revolución Libertadora, cabe destacar que la indicación de tal afinidad no tiene por objeto presentarla como la causa del devenir político-ideológico de la FACA hacia mediados de los ´50 sino, en todo caso, como el alumbramiento de cierta proximidad que tuvo lugar a nivel discursivo y que probablemente o bien facilitó o reforzó la confluencia que, efectivamente, tuvo lugar entre esta organización y figuras de la conducción de la Revolución Libertadora. Al respecto hay que tener presente que, tanto Danussi como Grunfeld –dos de los militantes fundadores de la FACA con participación sindical y que prestaron colaboración respectivamente en la edición y la redacción de los periódicos Reconstruir y Acción Libertaria durante el período que nos concierne– colaboraron activamente con la intervención militar de los sindicatos peronistas, “relacionándose con autoridades de la autodenominada ‘Revolución Libertadora’ en lo que hace al asesoramiento de intervenciones en los sindicatos y del mundo gremial en general”.[108] En este sentido, la aproximación realizada en la presente investigación concerniente al proceso de recepción efectuado por la FACA con respecto a la ingerencia de las políticas económicas peronistas con implicancias para el mundo rural dentro del marco de su articulación con el modelo ISI, nos permitió inferir una pauta discursiva para comprender el posicionamiento político-sindical que tal organización asumió con respecto a la Revolución Libertadora. Estipulamos que la configuración de tal posicionamiento habría presupuesto un recorte operado con respecto al propio discurso antifascista movilizado por la FACA en remisión al peronismo, omitiendo su precedente rechazo hacia los “cuartelazos” y su caracterización en términos de fascista. Prosiguiendo con tal conjetura, suponemos que la FACA se habría volcado hacia la defensa de uno de los estandartes que también habría de enarbolar la corriente liberal argentina y, dentro de la misma, la fracción liberal de las FFAA con la que finalmente habría de confluir: las libertades públicas. La imputación de tal afinidad no resulta arbitraria en vista de que, ya en 1947, la FACA se encargó de señalar la presunta proximidad habida entre la “doctrina liberal” y el “punto de vista libertario” al observar, a diferencia de lo que caracterizaría en términos del “moderno estatismo” asociado al ¨capitalismo de Estado¨, que: “El liberalismo, que se expandió en el siglo pasado y a principios del actual, conjuntamente con la democracia política, significó un importante progreso con respecto al antiguo absolutismo, precisamente porque limitaba las atribuciones del poder, es decir, del Estado, permitiendo a los individuos y a los grupos una mayor libertad de acción, de pensamiento, de experimentación. La doctrina liberal, según la cual el mejor gobierno es el que menos gobierna y cuyo desempeño tiende a capacitar a los hombres en el sentido de que pueden prescindir de toda coacción gubernamental, doctrina que prevaleció durante cierto tiempo en el campo teórico, sin haberse aplicado nunca a la realidad, implica la legitimación final del punto de vista libertario que niega al Estado como instrumento positivo de la sociabilidad y el progreso.”[109]
Ahora bien, la tarea de investigar cuándo y cómo se fue perfilando tal confluencia queda pendiente para investigaciones ulteriores. Asimismo, resulta aún ineludible la labor de rastrear las consideraciones asumidas por la FACA en referencia a las implicancias que trajo aparejado el fenómeno peronista para el ámbito eminentemente urbano –dentro del cual se circunscribe el movimiento obrero urbano– así como en relación tanto al plan de acción propuesto como a las prácticas implementadas dentro del plano sindical por la organización en cuestión.
A propósito de la polémica decisión política adoptada por la FACA hacia mediados de los ´50 en relación a las FFAA y la intervención de sindicatos peronistas, puede cerciorarse su explícita adhesión a la Revolución Libertadora en las páginas de Acción Libertaria hacia octubre de 1955 –cuando aun no había decantado la ruptura entre la corriente liberal y la nacionalista al interior de las FFAA, la cual tendrá lugar en el mes de noviembre[110]– al llegar a afirmarse, en este órgano de difusión, que “a quienes digan que esta revolución, que esta hora y que este triunfo no son nuestros porque no implican profundos cambios sociales, o porque no llevan nuestro exclusivo sello; a quienes retacean la emoción de un jubiloso despertar, pese a la grande y esperanzadora victoria -¡cayó Perón!-, a la luz que se proyecta sobre vitales derechos -¡libertades públicas renaciendo después del horror totalitario!-, al cuadro conmovedor de nuestros hijos salvados de la brutal deformación de la escuela peronista, al común afán que anima hoy a millones de voluntades que quieren vivir digna y libremente; a quienes, incluso, pudieran discutir el derecho de saludar con alborozo el esfuerzo -¡culminación de doce años de resistencia que nos tuvo en primera fila!- que abatió la dictadura, podemos decirles que para los libertarios nada es más alentador, nada puede estar más cerca de su sentir y de su pensar, nada puede ofrecer mejores perspectivas en los días por venir, que una gesta que libera a un pueblo de la montaña aplastante de una dictadura y hace desbordar de alegría inmensa ante el reencuentro del camino de la libertad”.[111]
Concluimos esta investigación planteando que la adhesión de la FACA al golpe de la Revolución Libertadora habría constituido una decisión polémica dado que tal organización se originó precisamente a raíz de las persecuciones sufridas por la política represiva ejercida durante los años ´30, además de integrar un movimiento que, históricamente, se vio hostigado por la misma institución que, hacia 1955, se constituyó, paradójicamente, en su aliado político-sindical. Es por ello que, tal vez, resulte oportuno traer a colación otra cita aparecida en el número de Acción Libertaria correspondiente a marzo de 1945, cuando el golpe militar del ´43 aun era reciente: “es preciso no quemarse jamás en el mismo fuego. Es necesario que la lección sea definitiva y que jamás confíe el pueblo en la capacidad salvadora de los militares. Esta experiencia negativa debe dejar grabada a fuego esta sentencia positiva: No confiar nunca en los militares”.[112] (en negrita en el original).
Fuentes primarias
Editoriales y artículos de Acción Libertaria:
Editorial “Que no se imponga una dictadura definitiva. Las fuerzas sanas del pueblo deben concentrarse en la defensa permanente de sus derechos inalienables”, Año VIII, Nº 65, Buenos Aires, junio de 1943, p. 1.
Artículo “Perspectivas sombrías. Nada puede esperar el pueblo de los gobiernos de fuerza”, Año VIII, Nº 65, Buenos Aires, junio de 1943, p. 1.
Artículo “El pueblo, fuente de toda soberanía”, Año VIII, Nº 65, Buenos Aires, junio de 1943, p. 1.
Artículo “Nuevamente las fuerzas vivas se ubican en primer plano”, Año VIII, Nº 65, Buenos Aires, junio de 1943, p. 4.
Artículo “Las fuerzas de la reacción explotan la cuestión social”, Año VIII, Nº 66, Buenos Aires, julio de 1943, p. 1.
Artículo “El antagonismo de clase es un hecho determinado por el privilegio económico”, Año VIII, Nº 66, Buenos Aires, julio de 1943, p. 2.
Editorial “Por la salud moral del pueblo argentino”, Año VIII, Nº 78, Buenos Aires, agosto de 1944, p. 1.
Artículo “Múltiples desmanes y aullido de fieras”, Año VIII, Nº 78, Buenos Aires, agosto de 1944, p. 1.
Artículo “Justicia social”, Año IX, Nº 82, Buenos Aires, enero de 1945, p. 1.
Artículo “El fracaso de la dictadura militar”, Año IX, Nº 84, Buenos Aires, marzo de 1945, p. 2.
Artículo “Invocación denigrante a la clase obrera”, Año IX, Nº 87, Buenos Aires, noviembre de 1945. p. 2.
Artículo “Ni dádivas de caudillos ni benevolencia de legisladores”, Año IX, Nº 88, Buenos Aires, diciembre de 1945, p. 4.
Artículo “El capitalismo de Estado no es socialismo”, Año IX, Nº 91, Buenos Aires, mayo de 1946, p. 2.
Artículo “Acerca de la actual situación política”, Año IX, Nº 91, Buenos Aires, mayo de 1946, p. 4.
Editorial “Propiciamos la superación del capitalismo y del estatalismo”, Año IX, Nº 95, Buenos Aires, octubre de 1946, p. 1.
Artículo “Maniobra para silenciar la agitación agraria”, Año IX, Nº 97, Buenos Aires, marzo de 1947, p. 2.
Artículo “La economía deberá ser socializada”, por Diego Abad de Santillán, Año IX, Nº 98, Buenos Aires, mayo de 1947, p. 5.
Artículo “Los agricultores no quieren ser carne de cañón”, Año IX, Nº 98, Buenos Aires, mayo de 1947, p. 3.
Artículo “Resistencia libertaria contra los avances del estatismo moderno”, Año IX, Nº 99, Buenos Aires, junio de 1947, p. 1.
Artículo “¿Qué reemplazará al Estado?”, Año IX, Nº 99, Buenos Aires, junio de 1947, p. 2.
Artículo “Cooperativismo. Educación de solidaridad”, Año IX, Nº 99, Buenos Aires, junio de 1947, p. 2.
Artículo “Capitalismo, nacionalización y socialización”, Año IX, Nº 99, Buenos Aires, junio de 1947, pp. 2-3.
Artículo “Para encarar la crisis agraria, obreros y colonos deben solidarizarse”, Año IX, Nº 101, Buenos Aires, septiembre de 1947, p. 2-3.
Artículo “Significado y fines de la verdadera revolución”, Año IX, Nº 103, Buenos Aires, diciembre 1947, p. 2.
Artículo “Seguirán robando a los campesinos”, Año IX, Nº 103, Buenos Aires, diciembre de 1947, p. 2.
Artículo “Resistencia a la absorción estatista”, Año IX, Nº 105, Buenos Aires, febrero de 1948, p. 1.
Artículo “Monopolio fracasado”, Año XI, Nº 110, Buenos Aires, diciembre de 1948, p. 3.
Artículo “Bajo el manto hipócrita de una democracia social se apuntala y da forma legal a una dictadura absorbente”, Buenos Aires, Año XI, Nº 111, p.1, enero de 1949.
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Citas
* Licenciada en Sociología, FSOC-UBA.
[1] Al respecto resulta pertinente atender a la evaluación efectuada por Agustín Nieto respecto de las implicancias que ha tenido para la investigación sobre anarquismo argentino la preeminencia de lo que identifica en términos del “sentido común historiográfico” (SCH). Véase Nieto, A. (2010). Notas críticas en torno al sentido común historiográfico sobre el “anarquismo argentino”, A Contracorriente. Una revista de historia social y literatura de América Latina, Vol. 7, (Nº 3), pp. 219-248.
[2] Con respecto a esta apreciación, Agustín Nieto coincide en la detección de un anarquismo de nuevo cuño al remitirse a la identificación de la novedad que habría de revestir la implementación de una estrategia negociadora con el Estado por parte de distintos sindicatos marplatenses nucleados y dirigidos por grupos anarquistas de la FACA y sus Juventudes Libertarias (JJLL) en la ciudad de Mar del Plata durante la década del ´40, en sintonía con el afianzamiento de una orientación reformista dentro del movimiento obrero argentino. Véase Nieto, A. (2010). Notas críticas en torno al sentido común historiográfico sobre el “anarquismo argentino”, op. cit; (2008). Anarquistas y obreras del pescado: Una experiencia de organización sindical en los años ´40, Historia Regional, Sección Historia, Año XXI, (Nº 26), pp. 89-117; (2010). ANARQUISTAS NEGOCIADORES. Una revisión del sentido común historiográfico sobre el “anarquismo argentino” a la luz de algunas experiencias libertarias en el movimiento obrero, Mar del Plata 1940-1943, El Taller de la Historia (nueva época). Anuario del Programa de Historia, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad de Cartagena de Indias (Colombia), Vol. 1, (No. 2), Cartagena (Colombia).
[3] Suriano, J. (2008). Conclusión. En Suriano, J., Anarquistas. Cultura y política libertaria en Buenos Aires 1890-1910 (p.335). Ubicación: Ediciones Manantial, Buenos Aires.
[4] Nieto, A. (2010). Notas críticas en torno al sentido común historiográfico sobre el “anarquismo argentino”, op. cit., p. 247.
[5] Al respecto véase Iñigo Carrera, N. (2000). La Alianza Obrera Spartacus. PIMSA 2000, pp. 97-171. URL: http://www.pimsa.secyt.gov.ar/publicaciones/DT26.pdf; Benyo, J. (2005). La alianza obrera Spartacus. Anarquismo, vanguardia obrera e institucionalización del movimiento sindical en la década de 1930. Ubicación: Editorial Libros de los Anarres, Buenos Aires.
[6] Ilustrativas de esta reorientación en la estrategia organizativa promovida por la FACA resultan las investigaciones realizadas por Nieto con respecto a los sindicatos marplatenses nucleados en torno de la misma hacia la primera mitad de los años ´40. Véase asimismo Ceruso, D. (2011). El trabajo sindical de base del anarquismo argentino: la FACA y la Alianza Obrera Spartacus. A Contracorriente. Una revista de historia social y literatura de América Latina, Vol. 8, (Nº 3), pp. 233-254.
[7] En relación a las trayectorias militantes de los miembros fundadores de la FACA, véase Tarcus, H. (2007). Diccionario biográfico de la izquierda argentina. De los anarquistas a la “nueva izquierda” (1870-1976). Ubicación: Emecé editores, Buenos Aires; López Trujillo, F. (2005). Vidas en rojo y negro: una historia del Anarquismo en la “Década Infame”. Ubicación: Ediciones Letra Libre, La Plata.
[8] A lo largo de la presente investigación incorporamos la noción de “fase preparatoria del gobierno peronista” –que es acuñada por Peter Waldmann en su obra El peronismo 1943-1955– a fin de hacer referencia al período jalonado por la gravitación pública que fue revistiendo la figura de Perón de la mano de la política de “apertura laboral” que promovió desde la dirección de la Secretaría de Trabajo a partir de octubre de 1943. Es esta “fase” la de mayor riqueza en cuanto a concesiones sociales y anuncios de reformas, así como aquella durante la cual se dirimieron las disputas libradas en torno al liderazgo político vacante, prefigurando la estructura de poder que perduró hasta 1955.
[9] Entre los folletos publicados por la FACA durante el período que nos concierne se encuentran: Todos ahora contra la guerra de J. Maguid (1935), Definición de la guerra de Maguid y Lazarte (1939), F.A.C.A., tu organización, tu compañero (1943), Lucha constructiva por la libertad y la justicia (1944), Un año de peronismo de Prince (1947), El antiimperialismo, el comunismo y la paz de Luce Fabbri (1951) y Valor constructivo del socialismo libertario (1951).
[10] En materia de emprendimientos editoriales, la FACA inicia su actividad a través de la colección Radar tras la aprobación de una resolución presentada en el Tercer Congreso Ordinario de la FACA, celebrado en diciembre de 1951, constituyéndose así en la antecesora de la editorial Reconstruir-FLA.
[11] Véase Cimazo, J. (1984). Una voz anarquista en la Argentina. Vida y pensamiento de Jacobo Prince (p. 39). Ubicación: Editorial Reconstruir, Buenos Aires.
[12] Al respecto, véase Nieto, A. (2011-2012). Un acercamiento “topográfico” a la militancia sindical libertaria en la Argentina de los años cuarenta, Anuario Digital, Revista Digital, Facultad de Humanidades y Artes, UNR, (Nº 24). URL: http://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/3664/216-860-1-PB.pdf?sequence=1
[13] Véase Tarcus, H. (2007). Danussi, Luis; Grunfeld, José. En Tarcus, H. (director), Diccionario biográfico de la izquierda argentina. De los anarquistas a la “nueva izquierda” (1870-1976) (pp. 162-164 y pp. 295-296), op. cit.; Cimazo, J. & Grunfeld, J. (1981). 1955. Decisiva gestión de Danussi en la recuperación de su gremio. En Cimazo, J. & Grunfeld, J., Luis Danussi. En el Movimiento Social y Obrero Argentino (1938-1978) (pp. 155-161). Ubicación: Editorial Reconstruir, Buenos Aires.
[14] Véase Flichmann, G. (1982). La renta del suelo y el desarrollo agrario argentino. Ubicación: Editorial Siglo XXI, Buenos Aires.
[15] Para una especificación de los rendimientos disciplinarios de la historia intelectual en relación con la historia de las ideas y la sociología de la cultura, véase Tarcus, H. (2007). Introducción: I.9 La historia intelectual: algunas indicaciones sobre el método de investigación. En Tarcus, H., Marx en la Argentina. Sus primeros lectores obreros, intelectuales y científicos (pp. 52-54). Ubicación: Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires; Altamirano, C. (2005). Ideas para un programa de historia intelectual. En Altamirano, C., Para un programa de historia intelectual y otros ensayos (pp. 13-24). Ubicación: Siglo XXI Editores, Buenos Aires; Altamirano, C. (2012/2013). Sobre la Historia intelectual. Políticas de la Memoria, (Nº 13), Buenos Aires, pp. 157-162.
[16] Tarcus, H. (2007). Introducción: I.9 La historia intelectual: algunas indicaciones sobre el método de investigación. En Tarcus, H., Marx en la Argentina. Sus primeros lectores obreros, intelectuales y científicos (p. 53), op. cit.
[17] La circulación puede ser definida como la diferencia entre la producción y su respectivo contexto, por un lado, y las diversas modalidades de recepción a través de las cuales el discurso produce sus múltiples “efectos” en distintos sectores de la sociedad, por el otro. Véase Sigal, S. & Verón, E. (2003). Introducción. En Sigal, S. & Verón, E., Perón o muerte: los fundamentos discursivos del fenómeno peronista (pp. 13-28). Ubicación: EUDEBA, Buenos Aires.
[18] Con respecto a la noción de “malentendido estructural”, consúltese Bourdieu, P. (1999). Las condiciones sociales de la circulación de las ideas. En Bourdieu, P., Intelectuales, política y poder (pp. 159-170). Ubicación: EUDEBA, Buenos Aires.
[19] Véase el editorial (1943, junio). Que no se imponga una dictadura definitiva. Las fuerzas sanas del pueblo deben concentrarse en la defensa permanente de sus derechos inalienables. Acción Libertaria (A L en adelante), Año VIII, (Nº 65), p. 1.
[20] (1943, junio). Nuevamente las fuerzas vivas se ubican en primer plano. A L, Año VIII, (Nº 65), p. 4.
[21] (1943, junio). Perspectivas sombrías. Nada puede esperar el pueblo de los gobiernos de fuerza. A L, Año VIII, (Nº 65), p. 1.
[22] Ídem.
[23] (1943, junio). El pueblo, fuente de toda soberanía. A L, Año VIII, (Nº 65), p. 1.
[24] (1943, julio). El antagonismo de clase es un hecho determinado por el privilegio económico. A L, Año VIII, (Nº 66), p. 2.
[25] Ídem.
[26] (1944, agosto). Por la salud moral del pueblo argentino. A L, Año VIII, (Nº 78), p. 1.
[27] (1943, julio). Las fuerzas de la reacción explotan la cuestión social. A L, Año VIII, (Nº 66), p. 1.
[28] (1943, julio). El antagonismo de clase es un hecho determinado por el privilegio económico. A L, Año VIII, (Nº 66), p. 2.
[29] (1945, enero). Justicia social. A L, Año IX, (Nº 82), p. 1.
[30] (1945, diciembre). Ni dádivas de caudillos ni benevolencia de legisladores. A L, Año IX, (Nº 88), p. 4.
[31] Ídem.
[32] Ídem, pp. 12-13.
[33] (1944, agosto). Múltiples desmanes y aullido de fieras. A L, Año VIII, (Nº 78), p. 1.
[34] (1945, diciembre). Ni dádivas de caudillos ni benevolencia de legisladores. A L, Año IX, (Nº 88), p. 4.
[35] (1945, noviembre). Invocación denigrante a la clase obrera. A L, Año IX, (Nº 87), p. 2.
[36] (1945, diciembre). Ni dádivas de caudillos ni benevolencia de legisladores. A L, Año IX, (Nº 88), p. 4.
[37] Véase Murmis, M. & Portantiero, J. C. (2011). Estudios sobre los orígenes del peronismo. Ubicación: Siglo XXI, Buenos Aires.
[38] Consúltese Torre, J. C. (1998). La formación del sindicalismo peronista. Ubicación: Editorial Legasa, Buenos Aires.
[39] (1946, mayo). Acerca de la actual situación política. A L, Año IX, (Nº 91), p. 4.
[40] (1947, diciembre). Significado y fines de la verdadera revolución. A L, Año IX, (Nº 103), p. 2.
[41] (1947, junio). ¿Qué reemplazará al Estado? A L, Año IX, (Nº 99), p. 2.
[42] (1951, 22, 23 y 24 de diciembre). Resolución del Tercer Congreso Ordinario de la FACA.
[43] Véase el artículo (1946, mayo). El capitalismo de Estado no es socialismo. A L, Año IX, (Nº 91), p. 2.
[44] (1947, junio). Capitalismo, nacionalización y socialización. A L, Año IX, (Nº 99), pp. 2-3.
[45] Véase el artículo firmado por Abad de Santillán, D. (1947, mayo). La economía deberá ser socializada. A L, Año IX, (Nº 98), p. 5.
[46] (1947, junio). Capitalismo, nacionalización y socialización. A L, Año IX, (Nº 99), pp. 2-3.
[47] (1946, mayo). El capitalismo de Estado no es socialismo. A L, Año IX, (Nº 91), p. 2.
[48] (1946, octubre). Propiciamos la superación del capitalismo y del estatalismo. A L, Año IX, (Nº 95), p. 1.
[49] (1951, 22, 23 y 24 de diciembre). Resolución del Tercer Congreso Ordinario de la FACA.
[50] (1943, junio). Que no se imponga una dictadura definitiva. Las fuerzas sanas del pueblo deben concentrarse en la defensa permanente de sus derechos inalienables. A L, Año VIII, (Nº 65), p. 1.
[51] Bisso, A. (2007). Presentación: Condiciones de posibilidad, desarrollo, esplendor y ocaso de una apelación política nacional (1922-1946). En Bisso, A., El antifascismo argentino (p. 69). Ubicación: CeDinCI Editores y Editorial Buenos Libros, Buenos Aires.
[52] Con respecto a la incorporación de particularidades que supone todo proceso de recepción de un discurso desde un contexto distinto al de su producción resulta ilustrativa la asociación que planteó el Partido Comunista en remisión al “criollismo” para caracterizar de fascista al Yrigoyenismo a fines de la década del ´20. Véase al respecto Bisso, A. (2007). Presentación: Condiciones de posibilidad, desarrollo, esplendor y ocaso de una apelación política nacional (1922-1946). En Bisso, A., El antifascismo argentino (p. 35), op. cit. Con respecto a la recepción efectuada del discurso antifascista por el Partido Socialista al momento de caracterizar la realidad nacional, véase Altamirano, C. (2007). I. La era social. En Altamirano, C., Bajo el signo de las masas (1943-1973) (pp. 38-42). Ubicación: Emecé editores, Buenos Aires; Bisso, A. (2005). Los socialistas argentinos y la apelación antifascista durante el “fraude tardío” (1938-1943). En Camarero, H. & Herrera, C. M. (editores), El Partido Socialista en Argentina. Sociedad, política e ideas a través de un siglo (pp. 321-341). Ubicación: Prometeo Libros, Buenos Aires.
[53] (1949, enero). Bajo el manto hipócrita de una democracia social se apuntala y da forma legal a una dictadura absorbente. A L, Año XI, (Nº 111), p. 1.
[54] Suriano, J. (2005). Capitulo 1: El arraigo anarquista. En Suriano, J., Auge y caída del anarquismo. Argentina, 1880-1930 (p. 34.). Ubicación: Editorial Capital Intelectual, Buenos Aires.
[55] Dentro del marco de la crisis agraria desencadenada a partir del ´29, “los grandes terratenientes no dudaron en volcar sus tierras a la ganadería en pastos naturales, ya que por una parte era más rentable, debido a la demanda de carnes del mercado mundial que continuaba constante y aun había aumentado a partir del conflicto”. Lattuada, M. (1986). I. El contexto en el que surge el peronismo. En Lattuada, M., La política agraria peronista. 1943-1983, Tomo I (p.24). Ubicación: CEAL, Buenos Aires.
[56] Entre las reformas dirigidas a los sectores rurales no propietarios se encontró, en primer lugar, el Estatuto de Peón de Campo sancionado a través del Decreto Ley Nº 28.169 del 17 de octubre de 1944, que habría de elevar Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión a fin de proporcionar a los trabajadores rurales permanentes una regulación en materia de condiciones laborales en todo el país, su retribución por zonas, estableciéndose un sueldo mínimo que prácticamente duplicó los salarios vigentes hasta entones junto con normas de desenvolvimiento higiénico, alojamiento, alimentación descanso, reglas disciplinarias, vacaciones pagas, indemnización por despido sin causa justificada, ahorro voluntario y asistencia médica a cargo del empleador. Tal como lo señala Lattuada, el Estatuto del Peón otorgaba a los asalariados rurales permanentes condiciones económicas y sociales no conocidas para la época, y sin una lucha organizada por conseguirlas. Asimismo, se sancionó el Estatuto del Tambero-Mediero a través del Decreto Ley Nº 3.750 de febrero de 1946. Así también, el fortalecimiento de los Centros de Oficios Varios y la fundación de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (FATRE) en 1947 se orientaron a conferirles a los trabajadores asalariados transitorios un poder de negociación sin precedentes frente a los sectores patronales rurales. En cuanto a la política de tierras peronista, se facultó mediante el Decreto Ley Nº 10.837 de abril de 1946 al Consejo Agrario Nacional para otorgar concesiones vitalicias de arrendamientos que podían ser hereditarias siempre y cuando el agricultor pagara un canon definido por la productividad de la tierra entregada, mientras que la propiedad continuaba en manos del Estado. Pasado cierto tiempo, el productor podía adquirir la propiedad del predio pagando un precio menor al que pagara el Consejo para adquirirlas. Esta reforma al artículo 63 de la Ley de Colonización 12.636 le confirió al sistema de arrendamiento vitalicio las mismas condiciones e importancia que al sistema de colonización.
[57] Tal como lo indica Lattuada, la “presión nacional sobre la tierra”, a diferencia de la “presión sobre la tenencia de la tierra”, “no debe entonces entenderse como una presión campesina en busca del acceso a la tierra, sino como una creciente presión desde fuera de la estructura agraria, desde el sistema global, que exige a aquella, una alta producción de alimento y materias primas a bajos costos, empleo y un mercado que absorba parte de la producción de la industria nacional, ahorro interno para cubrir las necesidades del presupuesto público, y fundamentalmente divisas obtenidas por los productos agropecuarios de exportación que sirvan para financiar las importaciones y el desarrollo de otros sectores de la economía.” Lattuada, M. (1986). II. Las reivindicaciones rurales en el surgimiento del peronismo. Las propuestas pre-electorales. En Lattuada, M., La política agraria peronista. 1943-1983, Tomo I. (p. 39), op. cit.
[58] (1948, febrero). Resistencia a la absorción estatista. A L, Año IX, (Nº 105), p. 1.
[59] (1947, mayo). Los agricultores no quieren ser carne de cañón. A L, Año IX, (Nº 98), p. 3.
[60] Ídem.
[61] (1947, junio). Resistencia libertaria contra los avances del estatismo moderno. A L, Año IX, (Nº 99), p. 1.
[62] Ídem.
[63] (1947, mayo). Los agricultores no quieren ser carne de cañón. A L, Año IX, (Nº 98), p. 3.
[64] Lattuada, M. (1986). III. Política agraria y planes de desarrollo rural del gobierno peronista 1946-1955. Sus parámetros rectores. En Lattuada, M., La política agraria peronista. 1943-1983, Tomo I. (p. 88), op. cit.
[65] Ídem (p. 78), op. cit.
[66] (1947, mayo). Los agricultores no quieren ser carne de cañón. A L, Año IX, (Nº 98), p. 3.
[67] Ídem.
[68] (1947, septiembre). Para encarar la crisis agraria, obreros y colonos deben solidarizarse. A L, Año IX, (Nº 101), p. 2.
[69] Ídem.
[70] Ídem.
[71] (1951, 22, 23 y 24 de diciembre). Resolución del Tercer Congreso Ordinario de la FACA.
[72] Ídem.
[73] (1947, septiembre). Para encarar la crisis agraria, obreros y colonos deben solidarizarse. A L, Año IX, (Nº 101), p. 2.
[74] (1947, junio). Cooperativismo. Educación de solidaridad. A L, Año IX, (Nº 99), p. 2.
[75] (1951, 22, 23 y 24 de diciembre). Resolución del Tercer Congreso Ordinario de la FACA.
[76] La FAA enarbolaba el lema “La tierra para quien la ocupa y la trabaja”, el Plan de Acción “El campo recuperado por Perón” auguraba “La tierra debe ser del que la trabaja” mientras que la FACA aclamaba “¡Por la tierra socializada por quienes la trabajan!”. A propósito de esta última postura, véase el artículo (1947, mayo). La Federación Anarco-Comunista Argentina declara: III. Sobre la situación del país. A L, Año IX, (Nº 98), p. 8.
[77] Abad de Santillán, D. (1947, mayo). La economía deberá ser socializada. A L, Año IX, (Nº 98), p. 5.
[78] (1948, febrero). Resistencia a la absorción estatista. A L, Año IX, (Nº 105), p. 1.
[79] (1949, junio). Crisis en el campo. A L, Año XI, (Nº 114), p. 1.
[80] (1947, mayo). Los agricultores no quieren ser carne de cañón. A L, Año IX, (Nº 98), p. 3.
[81] (1947, marzo). Maniobra para silenciar la agitación agraria. A L, Año IX, (Nº 97), p. 2.
[82] Lattuada, M. (1986). V. Política de tierras. En Lattuada, M., La política agraria peronista. 1943-1983, Tomo I (p. 109), op. cit.
[83] (1947, septiembre). Para encarar la crisis agraria, obreros y colonos deben solidarizarse. A L, Año IX, (Nº 101), p. 2.
[84] Ídem.
[85] (1947, junio). Cooperativismo. Educación de solidaridad. A L, Año IX, (Nº 99), p. 2.
[86] (1948, diciembre). Monopolio fracasado. A L, Año XI, (Nº 110), p. 3.
[87] Lattuada, M. (1986). V. Política de tierras. En Lattuada, M., La política agraria peronista. 1943-1983, Tomo I (p. 108), op. cit.
[88] Lattuada, M. (1986). III. Política agraria y planes de desarrollo rural del gobierno peronista 1946-1955. Sus parámetros rectores. En Lattuada, M., La política agraria peronista. 1943-1983, Tomo I (p. 93), op. cit.
[89] Lattuada, M. (1986), Ídem (p. 72), op. cit.
[90] (1950, mayo). Los campesinos deben imponer sus derechos. A L, Año XVIII, (Nº 121), p. 10.
[91] Ídem.
[92] (1949, noviembre). Cooperativas amenazadas por el Estado. A L, Año XI, (Nº 118), p. 3.
[93] (1950, julio). Resistencia a la dictadura. A L, Año XVIII, (Nº 123), p. 1.
[94] (1948, diciembre). Monopolio fracasado. A L, Año XI, (Nº 110), p. 3.
[95] (1947, diciembre). Seguirán robando a los campesinos. A L, Año, IX, (Nº 103), p. 2.
[96] (1949, junio). Crisis en el campo. A L, Año XI, (Nº 114), p. 5.
[97] Véase el artículo (1950, febrero). Sequía trágica. A L, Año XV, (Nº 120), p. 3.
[98] (1952, mayo). Plan Económico 1952: fracaso del estatismo. A L, Año XX, (Nº 135), p. 1.
[99] Ídem.
[100] Lattuada, M. (1986). IV. Las diferentes orientaciones de la política económica peronista para el sector rural. En Lattuada, M., La política agraria peronista. 1943-1983, Tomo I (p. 98), op. cit.
[101] Ídem (p. 102).
[102] En un artículo de A L correspondiente a junio de 1951 se anuncia al público lector el “proceso por desacato” que habría de recaer sobre dicha publicación tras la detención de dos de sus militantes destacados, entre ellos, Grunfeld. Consúltese (1951, junio). Proceso a “Acción Libertaria”. A L, Año XIX, (Nº 130), p. 4.
[103] Suriano, J. (2005). Capítulo 1. El arraigo anarquista. En Suriano, J., Auge y caída del anarquismo. Argentina, 1880-1930 (p. 34). op. cit.
[104] Ídem, p. 36.
[105] Suriano, J. (2008). Capítulo II: La interpelación anarquista. En Suriano, J., Anarquistas. Cultura y política libertaria en Buenos Aires 1890-1910 (p. 75), op. cit.
[106] Ídem.
[107] Rouquieu, A. (1987). Capítulo 3: Revolución Libertadora y restauración liberal: la implantación del golpe de estado permanente. En Rouquieu, A., Poder militar y sociedad política en la Argentina. II. 1943-197 (p. 103). Ubicación: Emecé editores, Buenos Aires.
[108] Tarcus, H. (2007). Grunfeld, José. En Tarcus, H. (director), Diccionario biográfico de la izquierda argentina. De los anarquistas a la “nueva izquierda” (1870-1976) (p. 296), op. cit.
[109] (1947, junio). Resistencia libertaria contra los avances del estatismo moderno. A L, Año IX, (Nº 99), p. 1.
[110] Véase Potash, R. (1982). VII. Los militares en el poder: La Revolución Libertadora, 1955-1958. En Potash, R., El ejército y la política en la Argentina, 1945-1962. De Perón a Frondizi (pp. 292-365). Ubicación: Editorial Sudamericana, Buenos Aires.
[111] (1955, octubre). Libertarios: ¡junto al pueblo! A L, Año XX, (Nº 144), p. 1.
[112] (1945, marzo). El fracaso de la dictadura militar. A L, Año IX, (Nº 84), p. 2.
