De decorosos humanitarios a sectarios sediciosos

De decorosos humanitarios a sectarios sediciosos. Figuraciones sobre el anarquismo en las narrativas policiales (Buenos Aires, 1901-1917)

Por Pedro Berardi

Introducción

La historiografía argentina referida a los aspectos organizacionales, a la dimensión ideológica y a las prácticas de intervención pública del anarquismo ha presentado, sin mayores discusiones, a la policía como la prolongación del brazo represivo del estado. Es indudable que esta imagen es producto, en parte, de la recuperación de los relatos militantes, en donde la condición de víctima directa mostraba al opresor como una fuerza maleable de los grupos de poder estatales y de las elites económicas. Por otro lado, las formas de actuación policial en la persecución del anarquismo durante las primeras décadas del siglo XX, contribuyeron también a deificar esa representación (Falcón 1987;  Suriano 2000).

En este sentido, es de nuestro interés invertir el enfoque para explorar de qué manera los actores policiales, preponderantemente las cúpulas, fueron configurando distintas miradas sobre el movimiento anarquista. Para ello atendemos a un espacio y período que ha sido escasamente abordado desde esta perspectiva centrada en la relación anarquismo-institución policial: la provincia de Buenos Aires entre 1901 y 1917.[1]

En este marco, las manifestaciones anarquistas tuvieron distintos niveles de intensidad.[2] El ciclo de huelgas conducido por la Federación Obrera Argentina –desde 1905 FORA– fue denso y constante en los primeros años del siglo, y adquirió nuevamente consistencia hacia el Centenario. Como es sabido, diversas estrategias fueron ensayadas por los grupos de poder para contrarrestar dicho avance de la movilización social.[3] La legislación de carácter represivo –Ley de Residencia de 1902 y de Defensa Social de 1910– fue combinada con una serie de reformas parlamentarias destinadas a atenuar la precariedad de las clases populares (Zimmermann 1995). Del mismo modo, el ímpetu reformista de las gestiones conservadoras estuvo colocado en la posibilidad de la ampliación de la participación ciudadana. Principalmente porque nuevas agrupaciones políticas, como el radicalismo, pusieron en tensión la lógica del sistema político al abogar por la apertura del sufragio (Alonso 2000).

En estas páginas proponemos un recorrido por las representaciones y acciones de la policía sobre el anarquismo. Nuestro presupuesto es que la línea vectora fue la preocupación por el  anarquismo en su dimensión huelguística –con su correlativo impacto negativo sobre el orden social- y no en tanto movimiento ideológico-cultural. Las gestiones policiales vinculadas en la mayor parte del período a las administraciones de signo conservador[4], dieron preeminencia en su agenda a la dinámica política con centralidad en las fuerzas que disputaban las elecciones: el radicalismo -cuando abandonaba su estrategia abstencionista-, el Partido Socialista y las múltiples fracciones del Partido Conservador. Por lo que el anarquismo no tuvo un lugar preponderante en sus preocupaciones. Con todo, resulta de interés examinar que la policía no tuvo una imagen ni estrategias unívocas de tratamiento del mismo, sino que es posible identificar matices vinculados a los propios intereses y reajustes de su configuración institucional y su politización.

En el ojo de la tormenta: percepciones del anarquismo a comienzos del siglo XX

“Ha perdido ya la huelga del puerto comercial el carácter de movimiento de resistencia á los patrones que al principio se le atribuyó, para tomar el de sedición perfectamente demostrado y sin atenuación” (La Nueva Provincia [en adelante LNP] 20/3/1902: 1). Con este tono de alarma que quedaría impreso en el tratamiento conferido a la protesta social, el diario bahiense proponía un giro radical en su abordaje sobre el ciclo huelguístico inaugurado con el siglo. En agosto de 1901 sus cronistas habían resaltado la “moderación” y la “prudencia” que asumieron los obreros ferroviarios, al detener la extensión del ramal Pringles – Bahía Blanca en demanda del incremento salarial. La mediación de Pietro Gori, enviado como delegado de la Federación Obrera Argentina, no logró empañar de acuerdo se plasmó en las páginas del matutino el correcto proceder de los trabajadores respecto al personal policial (LNP 25/8/1901: 2).

Esa intersección se cristalizó incluso cuando la “Casa del Pueblo” –de orientación socialista- sin ejercer un liderazgo claro sobre el movimiento, canalizó ante la comisaría local el permiso de reunión que se exigía para las manifestaciones públicas. El viraje se produjo cuando al año siguiente, aunque sin una articulación centralizada con la federación nacional (Cimatti 2007: 2), estibadores y cargadores portuarios de la localidad adoptaron nuevamente el mecanismo de la huelga en reclamo por las condiciones laborales, bajo la conducción de un “Centro de Resistencia” ácrata.

Lo que se referenció inicialmente como una influencia perniciosa para el ámbito del trabajo se magnificó en un repertorio de imágenes que, en la antesala a la sanción de la Ley de Residencia, reificaron al anarquismo en ciernes en tanto la consecuencia más peligrosa de una modernidad indeseada. Acciones delictivas que hasta entonces ocupaban el registro rutinario de la nota policial, se condensaron en las primeras planas dándole protagonismo a las cruentas hazañas de agitadores pagos y de extranjeros apátridas (LNP 20/3/1902: 1; 22/3/1902: 1; 25/3/1902: 1; 4/4/1902: 1; 12/4/1902: 1; 13/4/1902: 1). Tales representaciones se exacerbaban con la plasmación de acontecimientos similares, sucedidos en distintas partes del globo, que la prensa comercial reproducía gracias a sus innovaciones técnicas (Buonuome y Albornoz 2019, Caimari 2019). Los lectores locales podían verificar así, que los magnicidios producto de la bomba anárquica tenían su réplica inmediata en las brutales lesiones a empresarios y policías provocadas por artefactos que aquí resultaban extraños (Albornoz 2015).

Los sucesos de Bahía Blanca se anudarían a diversos focos de conflictividad en los albores del novecientos que fueron tramando una cartografía y proceder que la cúpula policial de la fuerza bonaerense definiría según su propia experiencia. Así como en un sentido menos alarmista sobre el proceder del anarquismo que plasmaba la prensa comercial. Y es que la geografía de la protesta, en cierta manera, confluía en algunos escenarios urbanos en los que la policía había definido previamente una mayor presencia.

De hecho, desde su construcción institucional hacia fines de 1880, el diagrama territorial había estado enfocado en efectivizar el control sobre los márgenes bonaerenses. Culminada una primera etapa sectorizada en la frontera sudoeste, para fin del siglo XIX la atención estuvo en gran medida concentrada en la extensa zona que comenzaría a definirse como el “gran Buenos Aires”. Donde las circulaciones delictivas, dinamizadas por una red de transportes cada vez más densa, se superponían a la creciente expansión del paisaje fabril (Berardi 2019b). Los anarquistas apostaban su acción sobre estas espacialidades. De hecho, el incremento de su propaganda junto a la capacidad organizativa de los delegados, en su mayoría metropolitanos, hizo posible que junto a los portuarios distintos oficios –albañiles, carreros, panaderos, faenadores, picapedreros y artesanos de pequeñas plantas industriales- emplearan instrumentos de acción revolucionaria en pos de suplir sus demandas particulares. Entre otras, el incremento salarial y las posibilidades de contratación a los asociados de los centros no reconocidos por los empresarios, mejorar el estado de salubridad de la actividad frigorífica del cordón industrial del norte bonaerense, además de garantizar la posibilidad de filiación de peones, empleados temporarios y transportistas de las zonas cerealeras.   (Ascolani 2013: 397).[5]

La vigilancia sobre las multitudes, al menos en estas áreas que concitaban la aglomeración y el movimiento constante, era entonces una práctica habitual en el métier de los uniformados situados en el ingreso a los talleres o en las playas frigoríficas. Sin embargo, el creciente accionar del sindicalismo de tendencia anarquista, con ramificaciones hacia la campaña (Ansaldi 1991) colocó a la policía en una situación inusitada. Así, ante la envergadura que adquirieron las jornadas de reclamo en el puerto bahiense, institucionalmente se ensayó un mecanismo de intervención que hasta el momento sólo se había practicado en las batidas contra el cuatrerismo. El jefe, Juan B. Ocampo, acompañado de un comisario inspector, de su auxiliar, superiores y tropa del batallón de guardiacárceles, se desplazaron hacia esa ciudad y junto a los subalternos de la repartición reprimieron al movimiento; detuvieron a algunos referentes que fueron trasladados a La Plata e impulsaron a que los trabajadores “libres” empleados por los contratistas reemplacen a quienes se habían declarado en huelga (LNP 20/3/1902: 1).

La proliferación de idénticos procesos, no obstante, abría el interrogante para las autoridades en torno a cuáles serían las estrategias más adecuadas para contrarrestar su avance. Respecto a ello, en las páginas de la Revista de Policía se reprodujo un extracto del informe presentado desde la Jefatura al Ministerio de Gobierno, dando cuenta de las “hostilidades” ejercidas por el Centro Socialista de Obreros de San Nicolás a los propietarios de embarcaderos. De hecho el proceso de expansión de las empresas culturales y modernización de los soportes periodísticos impactó en la policía. La proliferación de órganos de prensa por todo el territorio provincial fue receptada por la institución, al tiempo que puso a disposición nuevos canales comunicativos, por fuera de sus circuitos más técnicos –como las Órdenes del Día y las redes telegráficas-. En este marco, las revistas de policía (editadas entre 1900-2 y 1905-6) se insertaron dentro de una trama más amplia de textualidades, cuyo propósito descansaba en la aspiración de conformar un pacto de lectura entre los distintos miembros del escalafón policial (Berardi 2016: 89-94).

Emergieron así puntos de contacto pero también diferencias en la construcción de narrativas de la prensa comercial y policial. En lo referido al anarquismo, las principales convergencias pueden apreciarse en la lectura del mismo como un sujeto colectivo “amorfo”, con actitudes disolventes del orden garantidos por el estado y la constitución y renuentes al consenso social. Esa imagen no distinguía entonces a las diversas ramificaciones que atravesó el anarquismo de esos años, como tampoco a sus distintas manifestaciones. Por ejemplo, el referido informe de la Revista presentaba un cuadro plagado de consideraciones similares a las vertidas por las publicaciones masivas, donde lo que resultaba más acuciante era:

…la existencia de agitadores de la clase obrera pagos por ella, en proporciones espoliativas para los infelices jornaleros que se ven en el caso de destinar una buena parte de su salario para mantener á aquellos (Revista de Policía de la Provincia de Buenos Aires [en adelante RP] 15/12/1901: 6).

Al individualizar a potenciales extremistas que se servían de la docilidad de los explotados, la mirada de la cúpula acentuaba uno de los rasgos que definirá su concepción acerca del anarquismo durante los primeros decenios del siglo: un fenómeno exógeno irradiado desde la ciudad de Buenos Aires.[6] Desde ese prisma, el peligro radicaba en la penetración de emisarios que, en permanente contacto con las entidades gremiales de los distritos, incentivaban al estallido social. Siendo las huelgas su máxima expresión. De modo tal que, para quienes estaban a cargo de la preservación del orden, los portavoces de estas ideas eran asociados de manera unívoca con su dimensión más subversiva. Tanto en los centros urbanos próximos a la Capital Federal, donde los contactos eran más fluidos, como en los parajes rurales más distantes donde, y en gran parte, los reclamos de peones o acarreadores comenzaron a sintonizarse con los de sus camaradas porteños (Craviotti 1993).

En este sentido, refiriendo nuevamente al caso de Bahía Blanca, el Jefe de policía precisaba una clara diferenciación entre las actitudes reformistas impulsadas por el socialismo frente al extremismo de los dirigentes[7] que “con motivo de la última huelga (…) declaró que él y sus compañeros profesaban ideas de anarquismo puro”. Añadiendo, en su caracterización, que la adhesión de los operarios respondía plenamente al ejercicio de la coerción, en tanto “el obrero que rehusa sus pretensiones se ve asediado de todas maneras cuando no amenazado en su propia vida ó de los suyos” (RP 15/12/1901: 6-7).

El diagnóstico habilitó a los integrantes de la plana mayor de la fuerza a demandar la sanción de una legislación represiva, apoyándose en los discursos de peligrosidad que esgrimían algunos grupos dirigentes a nivel nacional. Así, a través de los canales periodísticos propios se planteaba la necesidad de aplicar para el ámbito de la provincia la Ley de Residencia y, específicamente el estado de sitio, ante la oleada de huelgas que durante 1902 asolaron a Buenos Aires y a la provincia de Santa Fe:

…leyes de fuerza que repugnan á la cultura nacional, pero que son perfectamente justificadas por la necesidad de restablecer el órden público alterado por esta brega entre el capital y el trabajo argentinos, desgraciadamente explotada en provecho propio por los eternos descontentos y por espíritus malsanos que amparados por la liberación de nuestras leyes, se incorporan al organismo nacional para abusar de la generosa hospitalidad que el pais les acuerda (RP 15/12/1901: 6).

A pesar de que se buscaba un marco legal que amparase a las intervenciones punitivas, el accionar de la policía estuvo más bien sujeto a la discrecionalidad de los oficiales y comisarios en sus propias jurisdicciones. Recién en 1903 se dinamizó, con la reorganización territorial del cuerpo de inspectores,[8] la centralización y la coordinación en la toma de decisiones. De este modo, se facilitó la celeridad junto a la expansión de la red telegráfica, para la remisión de informes respecto a posibles medidas de fuerza asumidas por los trabajadores o para asegurar con vehemencia la aplicación de las leyes de excepción.

Con todo, estas prácticas de los primeros años del siglo XX centradas en el desconcierto que había generado el anarquismo, sufrieron un drástico cambio de orientación conforme las prioridades y reacomodamientos de la institución. En este sentido, el citado traslado de la Jefatura con motivo de los piquetes portuarios constituye una singularidad. Las estrategias, intervenciones y discursos que la policía desarrolló desde entonces no tuvieron en efecto eje en una noción de control social estrictamente coercitiva.

Por una parte, la policía comenzó a auto-percibirse en tanto recurso de mediación de la confrontación creciente entre el capital y el trabajo, desde una posición menos abierta a la represión. Como se evidencia por ejemplo con contundencia a través del registro más técnico del Boletín de Policía, en las huelgas la fuerza sería “un amigable mediador; y en todo momento su acción sólo se reducirá á velar por la estabilidad del orden y de la seguridad general” añadiendo que:

Es necesario reconocer que el capital es hoy y lo será por mucho tiempo, el más eficaz elemento de progreso y que las naciones como la nuestra, que atraviesan el primer período de formación, deben procurar atraerla y fomentar su desarrollo. (…) Por otra parte, no puede desconocerse tampoco, el valor del brazo obrero y la importancia que tiene su influencia en el aumento de la riqueza pública. Entre estas dos fuerzas contrarias, la policía se ve obligada á ejercitar su acción, y por cierto que su misión es en ciertos momentos difícil y cargada de responsabilidad (Boletín de Policía de la Provincia de Buenos Aires [en adelante BP] 31/10/1905: 2).

Claro que esta concepción la aproximaba, tal como lo ha advertido Rapalo (2012: 28-29), a las exigencias de las patronales en pos de desactivar la eficacia de la organización como a garantizar la “libertad” del trabajo. Protegiendo a los operarios que se oponían a la huelga o que eran contratados temporariamente, así como a herramientas o maquinarias pasibles de ser dañadas. En este sentido, es posible identificar también en algunas crónicas ciertos puntos de contacto con la retórica regeneracionista que propugnaban algunos anarquistas. Por ejemplo, si bien se atendía a las posibles causales del delito, resulta notable en el marco de la preocupación sobre la cuestión social (Suriano 2000: 1-32; Zimmermann 1995: 101-108) que un comisario reflejara la manera en que las virtudes y condiciones de salubridad eran eclipsadas por los efectos nocivos que el consumo de alcohol provocaba en las clases populares.[9]

De hecho, pese a que la referida percepción general sobre el anarquismo como disruptor del orden social tiñó la mayoría de los relatos, ello no obliteró que se considerasen las condiciones socioeconómicas que conducían a los trabajadores a implementar estrategias de lucha como la huelga. En efecto, estos policías escritores también elaboraron sus propios diagnósticos sobre las condiciones laborales y de salubridad que afectan a los grupos más desprotegidos, entre los que se contaban a ellos mismos. Por tanto, la mirada que legitimó una política represiva coexistió también con los sentidos de reforma ante los problemas de la cuestión social.

La preocupación por el movimiento anarquista comenzó a diluirse rápidamente para las máximas autoridades de la repartición. Cabe advertir que su proliferación en la provincia había coincidido con la conflictiva coyuntura que la institución policial enfrentaba ante el elenco gubernamental.[10] Entre 1899 y 1902, las paupérrimas condiciones materiales y el congelamiento de los salarios constituyeron el principal motivo de la denuncia y el reclamo del personal subalterno notablemente afectado. A ello se añadía una sensibilidad crítica que aún permanecía latente, como consecuencia de la contracción económica de 1890. Siendo la Revista de Policía nuevamente una de las plataformas más significativas para canalizar este agudo descontento, la situación era leída, en buena medida, desde una clave clasista en tanto:

 …hoy no se le permite [a los vigilantes] andar con pañuelo al cuello como en otro tiempo, para ocultar, su falta de camisa, ni se le admite que se presenten sin estar perfectamente afeitados y peinados como puede estarlo nuestro hif life que gasta mayor suma que el sueldo de agente de Policía en tinturas y cosméticos (RP 15/11/1901: 3).

La designación de Luis María Doyhenard para la Jefatura en mayo de 1903 constituyó un punto de inflexión respecto a las consideraciones sostenidas ante el auge del movimiento ácrata. Pese a que el ciclo huelguístico se fue incrementando -incluso después de 1906, año en que Doyhenard fue relevado del cargo- la preocupación por la competencia electoral parece haber sido mayor a la de la propagación de ideas de aquella agrupación al menos hasta después del Centenario. De ahí que la noción de orden, en la clave construida por los policías, se ajustaba a desactivar o reencauzar el proceso de radicalización facciosa de las refriegas comiciales (Berardi 2019a: 171-173). Integrando así, en el momento finisecular, a los obreros y obreras que por fuera del sufragio les contenderían a sus oponentes de uniforme la ocupación de fábricas, dársenas, mercados o calles. El mayor desafío que presentaban los anarquistas en este sentido refería a la ocupación física y simbólica del espacio público. Por lo que, como actor con potestad para la construcción y regulación del espacio, la policía ejercerá su poder en pos de disputarle territorialmente la intervención en la esfera pública a los movimientos sociales.

La policía podía servirse de los enfrentamientos con un sentido dramático -tal como lo había hecho con su exposición en los atrios para reforzar los rasgos de pertenencia institucional y afianzar su lugar social- a la vez que objetivar sus mecanismos de control. Así, al igual que cualquier otra fuerza, se les exigía a las organizaciones sindicales un permiso de reunión que debía ser expedido por los comisarios de sección, en La Plata, o de los partidos para el resto de la provincia. En igual sentido, los Clubes y locales de extracción anarquista fueron objeto de clausuras y se controló la circulación de sus órganos de prensa como se “empastelaron” sus imprentas.

La nueva apelación a la estrategia armada por parte de la Unión Cívica Radical, en febrero de 1905, fue un nuevo foco de opacidad a la gravitación que el anarquismo había concitado en tanto grupo subversivo. Este levantamiento supuso el corolario de la posición abstencionista y revolucionaria que había asumido la fracción yrigoyenista desde 1893 (Fasano y Silliti 2013) para el cual, el cuerpo de policía definió una postura abiertamente represiva, en colaboración con el ejército, que le permitió sofocarlo rápidamente. Ello implicó que para Doyhenard el radicalismo ocupara la centralidad de la escena, al menos hasta la culminación de su gestión. En efecto, además de su correspondencia política con el mandatario bonaerense Marcelino Ugarte, el Jefe de policía era también una figura destacada dentro de la coalición gobernante de los Partidos Unidos y concebía, por lo tanto, a los yrigoyenistas como sus rivales preponderantes. La acción policial, de esta manera, fue reorientada exclusivamente a la vigilancia de sus partidarios.

De modo tal que las exigencias políticas crecientes a las que la repartición debía atender relegaron al anarquismo y a sus manifestaciones como una dimensión particular de la cuestión obrera. Las intervenciones policiales sobre las huelgas se restringieron puntualmente a los casos en que activaran la amenaza de la violencia social. Como veremos, la modernización técnica y la reorganización de algunas secciones del entramado institucional, estuvieron direccionadas a atender el desafío que suponía la creciente radicalización sociopolítica, en la que el anarquismo constituía al entender policial solo una pieza más.

 Anarquismo y modernización policial

A diferencia de lo que Caimari (2012: 94) y Barry (2019: 3-9) han mostrado para el cuerpo de policía metropolitano, donde se produjo la conformación temprana de dependencias específicamente abocadas al control social, la experiencia provinciana estuvo ritmada por otras particularidades.[11] Como anticipamos, las exigencias que debía suplir en el ámbito bonaerense condujeron a que las funciones de seguridad fueran priorizadas, conforme el desafío que planteaba la amplitud del mapa y las heterogéneas dinámicas socioespaciales, donde la campaña resultó inicialmente prioritaria y luego cobró impulso el “gran Buenos Aires”.

Aunada a la cuestión territorial, para comienzos del siglo XX la cúpula impulsó entonces una serie de reformas que, de manera escalonada, implicaron la extensión del equipamiento técnico, la ampliación de secciones del organigrama y sobre todo, la creación de cuerpos especializados con atribuciones represivas. Mediante estas transformaciones se proyectaba el disciplinamiento de oficiales y subalternos, luego de las fracturas intrainstitucionales producidas por los procesos de confrontación electoral de los años precedentes.

Por otro lado, la Jefatura lo entendía como la vía más acorde para conciliar las demandas de la administración política y de las elites intelectuales, frente al peligro que suponían el perfeccionamiento del delito y la creciente “ola roja” (Cané 1918 [1901]: 189-194). Desde esta clave, el proyecto modernizador vehiculizado por Doyhenard buscaba combinar la reestructuración de la policía provincial también en clave transnacional. Por una parte, en conexión con las tramas de cooperación interpolicial que, como explicaron Albornoz y Galeano (2017), establecieron las policías del Cono Sur para la captura y remisión de “delincuentes indeseados”. En tal sentido, resulta interesante señalar que Doyhenard solicitó al diputado Alberto Cortina la confección de un informe previo al Congreso policial que se realizaría en Río de Janeiro, en 1906 (Galeano 2016: 119-147). En dicho informe, la situación de Buenos Aires fue leída en el plano mayor de amenaza internacional

En medio de un clamoreo universal de clases y de gremios en que el anarquismo complicando la vida nacional en muchas partes, asesina infamemente al noble Carnot, al caballero Humberto, al gran Mackinley; y el socialismo toma enorme incremento en todas partes, alterando el orden público, ya que no el social, y las huelgas de todos los gremios estallan donde quiera, por millares, con recursos á veces salvajes, en que ha corrido la sangre á discreción (Cortina 1905: 7).

Pese a que la firma del convenio con las policías uruguaya y brasileña dinamizó la expulsión de algunos extranjeros, no tuvo una fuerte repercusión en la dinámica interna y Doyhenard encontró en la formación de algunos cuerpos especializados su principal bastión. En efecto, las formas represivas de otras naciones como Francia, España e Italia sirvieron de inspiración para crear la Gendarmería Volante y el Escuadrón de Seguridad, en 1903. La adopción de un esquema militar comenzó en este marco a operar en un doble sentido, conforme la institucionalización policial y las demandas de su servicio. Al tiempo que la militarización era apreciada como el mejor mecanismo para efectivizar la prescindencia policial de las lealtades partidarias y afianzar el carácter jerárquico y centralizado de la policía, sería de especial utilidad para enfrentar diversos focos conflictivos. Para la organización de ambas reparticiones, que se complementarían en las funciones de seguridad a las comisarías de partido, se estipuló una composición de unidades de infantería y caballería. Combinando a su vez, los diseños de operación y territorialidad de los sistemas policiales europeos que se habían tomado como referencia.[12]

Claro que su puesta en funcionamiento despertó rápidamente posiciones de rechazo. Desde las empresas periodísticas, obreras u opositoras de la gestión conservadora, se cuestionaban la impronta de estas guarniciones manifestando que su estructura militar ampliaba la capacidad de acción y los niveles de autonomía policiales, al extremo de que podían ser instrumentadas como una especie de “guardia pretoriana” (BP 30/9/1905: 2). En cierta medida, dicha interpretación no se alejaba de los propósitos que la Jefatura había contemplado para su concreción. Dado que tanto el Escuadrón de Seguridad como la Gendarmería Volante podían ser movilizados de un punto a otro de la provincia para intervenir en la disolución de los conflictos sociales.

Posiblemente, este fue un rasgo que definió el accionar del Escuadrón en tanto fue emplazado inicialmente en La Plata, pero cuando las condiciones demográficas y socioeconómicas lo exigieron, se crearon dos nuevas unidades en las ciudades de Avellaneda y Bahía Blanca antes de 1910. No obstante, resultaron escasas las circunstancias en las que debió actuar para amedrentar una protesta. El campo de acción del cuerpo de Gendarmería, por el contrario, quedó estrictamente vinculado al área rural. Desde su conformación, los cuarteles se establecieron en las localidades de Lincoln y Olavarría -próximos hasta lo que entonces había sido la línea de frontera-, supeditada plenamente a la represión del abigeato como a la custodia de las redes de comunicación policiales.

De igual manera, las conexiones entre las instancias de profesionalización policial y las miradas sobre el anarquismo en su asociación con la conflictividad social, comenzaron a redefinirse a partir de la creciente intervención de los cuadros burocráticos. El gabinete de expertos se fue así articulando como un ámbito de producción de información que sería sustancial para precisar el accionar de los policías de facción, supeditados a la vigilancia de calles y campos. Como parte de la expansión del organigrama institucional al que hemos referido, en 1890 comenzó a funcionar en las dependencias del Departamento Central platense la Comisaría de Pesquisa[13] –que en los primeros años del XX mutaría en Comisaría de Investigaciones-, tomando como referencia el modelo de la repartición porteña.

Durante los primeros años de esa década ramificó sus servicios dividiéndose en dos secciones, cuya estructura se mantuvo inalterable durante el primer decenio del XX: una sección concentrada en “robos y hurtos, defraudaciones y estafas, impresiones dactiloscópicas, orden social y fotografía” y otra que atendía la “seguridad personal, informaciones y leyes especiales, libros y vigilancia general” (Muñiz, Fors y Gambier 1911: 79-81). Así, como lo sugieren sus criterios organizativos, para estos expertos no había una distinción nítida entre el control de las prácticas criminales y las incipientes formas que adquiría la organización del movimiento obrero. Ello se evidencia, notoriamente en que en las estadísticas sobre las detenciones y/o contravenciones efectuadas en las jurisdicciones policiales no se traslucían referencias al accionar anarquista en ninguna de sus variantes. Como tampoco, acerca de situaciones específicas sobre el mundo del trabajo y de los trabajadores. Por el contrario, figuraban de manera abultada los causantes de delitos interpersonales, atacantes de la propiedad, ladrones y abigeos.

No obstante a partir de 1908, mediante una mayor articulación con la Oficina de Estadística y Antropometría, comenzó a confeccionarse un sistema de fichado que posibilitó construir un archivo de “delincuentes peligrosos” y de “agitadores indeseables” una vez apresados. Conformado de fichas particulares en la que se plasmaban las huellas dactilares. De modo que el sistema operativizó, por lo menos para la capital provincial y las zonas aledañas, la confección dinámica de los prontuarios respectivos a cada detenido. Consignando, mediante otros datos –si habían sido ya vigilados, poseían orden de captura o se les había solicitado el paradero– referencias precisas en caso de tratarse de apresados bajo el peso de las leyes de excepción. De alguna manera, esto sugiere que la cuestión social volvía a adquirir relevancia para los hombres de la bonaerense.

Los sucesos sangrientos, acaecidos durante el primero de mayo de 1909 en la Capital Federal, como los actos de protesta con los que se expresó el desagravio operario respecto del accionar policial, no tuvieron correlato inmediato en la provincia (Ascolani 2013: 400). Notablemente, en el informe con los movimientos de la repartición elevado por el Jefe de policía al Ministro de Gobierno se registraba que el personal de Investigaciones “anotó y vigiló las veintidós huelgas que hubo en el año, en las que figuraron 6.002 huelguistas, de los que volvieron al trabajo 3.071 personas” (Policía de la Provincia de Buenos Aires 1909:16). Para 1912, la cúpula llevó adelante la reorganización de esa sección, estipulando la creación de un Gabinete de orden social y leyes especiales al que se le adjudicó de un sub-comisario, un oficial y diez agentes. Quedando supeditado a:

…intervenir en toda huelga que se produzca. Vigilará á los sujetos conocidos por sus ideas sectarias, establecerá los servicios necesarios, etc. Tendrá a su cargo la Sección Política. Intervendrá en toda infracción á las leyes especiales, nacionales ó provinciales, etc. Llevará una galería de anarquistas. Expedirá los informes para cartas de ciudadanía, enrolamiento, etc. (Policía de la Provincia de Buenos Aires 1912: 43).

Esta complejidad asumida en la especialización de las funciones, como la singularidad del dato exigido sobre el anarquismo advierte entonces acerca de su redimensión para el cambio de década. No solo porque los movimientos huelguísticos volvieron a adquirir mayor vigor y ello implicó el endurecimiento de políticas represivas que se contemplarían en la sanción de la Ley de Defensa Social, en 1910. Sino porque, en contraposición a lo planteado por Suriano (2000: 17), luego de la conmemoración del Centenario el gremialismo anarquista vio fortalecida su capacidad organizativa para aglutinar y movilizar nuevamente a diversos agrupamientos de trabajadores en el escenario provincial.

Aunque en determinados focos de demanda se produjo una superposición con experiencias huelguistas que no estaban necesariamente vinculadas al pensamiento libertario -como las de los arrendatarios del norte bonaerense que se plegaron a las reivindicaciones de los colonos santafecinos (Policía de la Provincia de Buenos Aires 1912: 600)-, la Jefatura debió disponer de manera centralizada de la colaboración de los comisarios de partido por la recurrente intromisión de huelguistas profesionales que transitaron la zona agrícola, entre 1911 y 1912. Fueron los constantes boicots y paralización de actividades impulsados por el gremio ferroviario de “La Fraternidad” las que pusieron en jaque a las capacidades de control territorial que se ejercía distritalmente (Policía de la Provincia de Buenos Aires 1912: 285; 288; 538; 545; 549; 553-4; 560-1).

Nuevamente, desde la perspectiva policial se diluyeron las posiciones más moderadas con la que se había construido al “sujeto” anarquista a comienzos del siglo. De todos modos, quienes ocuparon la jefatura, a partir de 1912, debieron hacer equilibrio entre la regulación y la transparencia en las prácticas políticas y la restricción pública de organizaciones, cuyas ideas sobre la cuestión social eran interpretadas como prédicas radicales que ponían en riesgo al orden establecido. Al respecto, el ensayo de la ampliación democrática que supuso la Ley Sáenz Peña exigió la adecuación del cuerpo policial al proceso reformista que postularon las sucesivas administraciones provinciales, hasta 1914.

Desde las cúpulas se produjeron así una batería de disposiciones a efectos de ordenar y controlar las instancias del sufragio. En igual sentido, esos reordenamientos volvían a aplicarse a los efectos de las reuniones políticas en los ámbitos públicos, para las cuales se requería el permiso policial. Mecanismo que permitió delimitar el accionar del Partido Socialista, incorporado a la dinámica electoral, y relegar completamente a las organizaciones anárquicas. Ello se evidencia en la prohibición de la Jefatura expuesta al comisario de la localidad de Mar del Plata, por ejemplo, ante el pedido para realizar un “meeting popular” cuyo objeto era “presentar una expresión de agravio y solicitar la renuncia de su puesto al Comisionado local”:

El hecho en sí de titularse la referida Junta como el compuesto de un núcleo organizado en resistencia, no podía aceptarse á juicio de la Jefatura, y en ese sentido ella ordenó al señor Comisario de General Pueyrredón que no autorizaba la manifestación proyectada no obstante el derecho de petición que desde luego se ha reconocido (Policía de la Provincia de Buenos Aires 1912: 139).

La posición reformista asumida por las autoridades policiales, sin embargo se pulverizaría con el retorno al gobierno de Ugarte, en 1914, y la reasignación de Doyhenard al frente de la Jefatura. Ante la competencia externa del radicalismo, que en el marco de la reforma electoral había abandonado su postura abstencionista, y del socialismo en menor medida, Doyhenard puso en práctica mecanismos de control y hostigamiento, apelando a la red de comisarios de la provincia. Sirviéndose de la cartografía telegráfica por entonces ramificada en su plenitud exigió a los inspectores y comisarios de partido que eran de su plena confianza o se identificaban con la causa conservadora, que le remitiesen cada tres días un detallado informe acerca del movimiento de las distintas agrupaciones políticas que participaban en las instancias comunales y que eran abiertamente opositoras al gobierno conservador. De igual manera, apeló a esta red informal de espionaje para efectivizar la cohesión de su propia fuerza, que en distintas instancias locales se fragmentaría y asumiría en otras agrupaciones dentro del conservadurismo.

Nuevamente tanto la identidad del anarquismo como su presencia pública fueron marginadas con vigor. Claro que el debilitamiento del mandatario bonaerense luego del triunfo en las elecciones nacionales de Hipólito Yrigoyen y la intervención a la provincia que el Poder Ejecutivo decretó en abril de 1917, generó condiciones de posibilidad para que se revitalizasen y reorganizaran las experiencias sindicales ácratas. Coincidente con la depreciación de los salarios en las etapas finales de la Primera Guerra Mundial y la disminución de las exportaciones de bienes primarios y la internacionalización de la revolución proletaria (Ascolani 2013: 406), la respuesta de la intervención fue la re-instrumentación de las prácticas represivas ante las huelgas realizadas por los trabajadores de los frigoríficos “Armour” y “Swift” de La Plata y de otras plantas del corredor norte bonaerense (Intervención Nacional de la Provincia de Buenos Aires 1918: 61-62).

En este sentido, en el escenario abierto tras el ascenso del radicalismo y específicamente con el gobierno de la intervención en la provincia de Buenos Aires comenzaría a dinamizarse un nuevo marco legislativo tendiente a regular las relaciones laborales, con base en la legislación previa. Aunque hubo un fuerte proceso de recambio al interior de las fuerzas policiales, también se serviría la institución durante el radicalismo de la experiencia conservadora. De hecho, para entonces se había producido una condensación y acumulación de saberes y el funcionamiento policial se había institucionalizado de una manera que facilitó la persecución del anarquismo, que fue amplificado en los relatos y prácticas policiales. Todo ello supuso un terreno fértil para la tónica represiva que fue asumida durante la “Semana Trágica” de 1919.

Consideraciones finales

A lo largo del trabajo hemos brindado una caracterización compleja y más acabada de la relación institución policial-anarquismo en la provincia de Buenos Aires entre 1901 y 1917. Revelamos que dichos vínculos estuvieron ritmados en percepciones y prácticas fluctuantes que excedieron el plano policial meramente represivo. En la agenda de la institución el anarquismo se moduló en relación con una serie de intereses, demandas y prioridades. De hecho, las figuraciones sobre el anarquismo se fueron entramando al calor de los procesos de institucionalización y de politización de la fuerza policial, que fueron definiendo sentidos sobre los alcances y límites de dicha agrupación en el orden sociopolítico.

Por una parte, podían generarse puntos de contacto con la retórica anarquista en momentos en que la fuerza reclamaba mejores condiciones materiales y laborales. Por otra, el anarquismo podía ocupar un lugar primordial por sus acciones contra el orden social e intensificarse por ende las respuestas represivas. Con todo, lo que intentamos revelar es que en la mayor parte de esta etapa el anarquismo fue soslayado por las fuerzas políticas que disputaban las elecciones provinciales, que fueron –junto a problemas del ámbito rural como el cuatrerismo- la principal preocupación para la policía. En la mirada policial el peligro anarquista no residía tanto en la propagación de sus ideas en los ámbitos culturales y políticos, sino en su potencial disruptivo sobre el orden social y el mundo del trabajo. La principal caracterización fue la del anarquismo como un sujeto colectivo con actitudes disolventes frente al orden garantido por el estado y la constitución nacional y renuente al consenso social. Esa imagen no distinguía las ramificaciones y pluralidad de voces que atravesó el anarquismo de esos años.

Ello quedó en evidencia en diversos aspectos de la configuración institucional y la politización de la policía bonaerense. Por una parte, las imágenes sobre el anarquismo fueron difundidas en textualidades propias como las Revistas, cuyas narrativas podían referenciarse y/o distanciarse de la prensa comercial –en creciente proliferación-, pero tenían la clara intención de generar un pacto de disciplina y profesionalización policial. Por otro, se produjeron cambios contundentes en el organigrama institucional, principalmente durante las gestiones de Luis María Doyhenard, que cristalizaron formas de aprehensión, clasificación y vigilancia sobre el anarquismo.

Sin embargo, la fuerte correspondencia de Doyhenard con el conservadurismo que gobernaba la provincia, implicó que fuerzas opositoras como el radicalismo y los actos comiciales fuesen el principal objeto de atención policial. El mayor desafío que presentaban los anarquistas en este sentido refería a su ocupación física y simbólica del espacio público. Por lo que, como actor con potestad para la regulación de dicho espacio, la policía hizo uso de sus tecnologías y dependencias para disputar su intervención y capacidad de acción en las huelgas. La llegada del radicalismo al poder con la intervención de la provincia en 1917, si bien supuso un proceso de recambio en las fuerzas policiales, capitalizó la experiencia desarrollada desde inicios de siglo en la objetivación de los instrumentos de coerción y represión.

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